Niña de 7 años fue abusada en el baño de colegio católico

El abuso de una menor de 7 años en el colegio San José de Rafaela conmocionó a toda la comunidad esta semana. La niña habría relatado que el abuso aconteció en el baño del colegio y el hombre que lo perpetró estaría vestido similar a un docente “con el uniforme de la escuela”.

Desde el colegio, la directora Analía Pisani, expresó que quedaban a disposición de la justicia y suspendieron las clases.

En tanto, un grupo de agrupaciones dejó sentada su postura en un comunicado, piden ESI y un cambio de perspectiva de los docentes “¡Al silencio no volvemos nunca más!”

Comunicado completo:

A la comunidad en general

Ante los hechos de público conocimiento sucedidos en el Colegio San José el pasado miércoles 28 de julio, en los cuales una menor de 2° grado fue abusada sexualmente por una persona dentro de la institución, queremos comunicar a toda la sociedad rafaelina nuestro repudio y pedido de un rápido y efectivo esclarecimiento del mismo.

Sabemos que son incontables los casos en los que niñas, niños y adolescentes son agredidos sexualmente y no representados correctamente en su defensa por el Estado ni por la sociedad, pero esto debe parar y por ello debemos actuar activamente como sociedad para detenerlo.

La convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional desde 1994 en Argentina, establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y los Estados deben velar por su pleno ejercicio y cumplimento. Sin embargo, aún hoy, los derechos de las infancias se ven vulnerados por quienes deberían velar por ellos: ciertos sectores del poder judicial, los medios de comunicación, el sistema de salud, los establecimientos educativos y la opinión pública, entre otros.

A lo largo de la historia de la humanidad hemos hecho un incansable recorrido hasta llegar al reconocimiento de las subjetividades de las niñas, niños y adolescentes, de sus necesidades, de sus sentimientos y de su desarrollo. En nuestro país, en el año 2008, luego de una larga lucha de actores sociales, se sanciona la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” que se articula con la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, la cual contempla también las violencias contra las infancias.

A partir del recorrido legal, político y sociohistórico que ha hecho nuestro país y entendiendo a lxs estudiantes de los diferentes niveles educativos como sujetos y sujetas de derecho, queremos hacer principal hincapié sobre la importancia de una correcta aplicación de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 en la que se establece que las autoridades educativas deben participar en el desarrollo de sistemas locales de protección integral de los derechos.

La Ley N° 26.061 obliga a los y las docentes a proteger y garantizar los derechos de las niñeces y adolescencias que se encuentren bajo su responsabilidad. Además, establece la inhabilitación para el ejercicio de la docencia a quien haya sido condenado por delitos contra la integridad sexual.

Asimismo, dentro de dicho marco, quisiéramos resaltar la importancia de la Ley 26.150 de “Educación Sexual Integral” (sancionada en el año 2006), donde se promulga el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada.

Como ciudadanas y ciudadanos rafaelinos debemos comprender que la E.S.I. promueve y habilita un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje en torno a cinco ejes principales: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer plenamente nuestros derechos.

La Ley de Educación Sexual Integral lleva 14 años sancionada y todavía seguimos luchando por su aplicación efectiva en todos los establecimientos educativos, nos seguimos preguntando por qué aún no podemos asegurar el derecho del acceso a la información científica y transversal en las aulas, y también nos preguntamos por qué lxs estudiantes siguen sufriendo violencias en las instituciones que deberían velar por su cuidado. La E.S.I. es una clara herramienta para la construcción y la transformación hacia una sociedad más justa, y no debemos dejar de luchar por ello.

Queremos recalcar que la “Educación para el amor” basada en creencias religiosas, biologicistas y reduccionistas que brindan las instituciones religiosas no se puede leer en clave de E.S.I. Por la experiencia de estudiantes, ex alumnos, padres y madres del colegio, y por las reiteradas situaciones de público conocimiento donde sucedieron abusos dentro del mismo, damos cuenta de que el derecho al acceso a una Educación Sexual Integral y transversal está siendo vulnerado. Trabajar la educación en todas las instituciones públicas y privadas desde la integralidad de la ESI nos permite reflexionar sobre nosotrxs mismxs y abre el diálogo en las instituciones involucrando no solo a las familias sino a todxs lxs actores de la comunidad.

Esperamos que este repudiable hecho sea el puntapié inicial para que toda la sociedad rafaelina encienda la alarma y comience a comprometerse por una educación con perspectiva de género que nos permita ser personas más libres y con vínculos más sanos.

Como lo venimos haciendo desde el pasado miércoles nos solidarizamos y nos comprometemos con la familia de la menor y con todas las familias de la ciudad que estén atravesando por situaciones de violencia. Así mismo nos comprometemos a apoyar y acompañar a los y las estudiantes de la ciudad que estén movilizándose y trabajando para que se les garantice el derecho a la E.S.I.

Que quede claro: vamos a seguir luchando, incansablemente, en pos de garantizar y conquistar derechos para la construcción y transformación social, caminando hacia una sociedad más justa, empática y equitativa.

Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta la realidad sociocultural y las emergencias que nos atraviesan hoy en día, pedimos:

– La separación urgente del colegio de el/los involucrados en el caso de abuso sexual. – Rápido esclarecimiento del caso, en beneficio y resguardo de la integridad psicofísica de la menor. – Pedimos que el Colegio San José colabore, y no entorpezca, con la investigación de la justicia. – Implementación correcta e inmediata de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. – Creación y activación de un protocolo para la intervención en situaciones de violencia de género en todas las instituciones educativas. – Formación de todo el cuerpo docente, no docente y directivo de todas las instituciones educativas en Ley Micaela y E.S.I.

¡Al silencio no volvemos nunca más!

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