El gobierno de España condena oficialmente la represión en Bolivia

Después de que la oposición tomara el mando del Palacio Quemado sin la participación del partido mayoritario, las decisiones del autoproclamado gobierno provisorio fueron perdiendo apoyo en el plano internacional. Es que, si bien los gobiernos de Estados Unidos y Brasil reconocieron la presidencia de Jeanine Áñez, las decisiones que ésta tomó con respecto al accionar militar y policial, le valió la condena internacional.

En un primer momento, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que condenó la represión policial a las protestas. Según el organismo, la represión a los cocaleros que buscaban ingresar a Cochabamba para realizar una manifestación fue un “uso desproporcionado de la fuerza policial y militar”. Mientras que recordó que “las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales”.

Por otra parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidenta de Chile, Michele Bachelet, también habló contra la represión de las fuerzas de seguridad. Bachelet denuncia que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.

Además, agregó que “realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo a las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos”.

Ahora, el gobierno de España comandado por el Socialista Pedro Sánchez condenó la escalada de violencia en Bolivia en coincidencia con los organismos mencionados. En el comunicado número 175, el gobierno declara que condena la decisión del gobierno de Áñez de quitar responsabilidad a los militares sobre la represión a partir de un decreto.

“Las labores del orden público a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de los Derechos Humanos”, aclara el comunicado. Además, pronuncia que “España apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes en Cochabamba”.