Ley Ómnibus: comienza el debate en la Cámara de Diputados

Este miércoles, la Cámara de Diputados inauguró una sesión especial para abordar el tratamiento de la Ley "Bases," conocida como la Ley Ómnibus. A pesar de algunas divergencias en torno a la propuesta del Gobierno Nacional sobre la privatización de 40 empresas públicas, el oficialismo confía en obtener una votación favorable en esta jornada legislativa que se extenderá por 35 horas, con un cuarto intermedio.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, logró asegurar el quórum para la sesión, la primera que él mismo conducirá. El inicio está programado para las 10 de la mañana, y se espera que sea una maratónica jornada con la participación de diversos líderes de bloques. 

Entre ellos, destacan la presencia de Cecilia Moreau, vicepresidenta primera del cuerpo; Julio Cobos, vicepresidente segundo; y los presidentes de bloques como Germán Martínez, Rodrigo de Loredo, Cristian Ritondo, Miguel Angel Pichetto, y Nicolás del Caño, entre otros.

La sesión comenzará con el juramento a los diputados nacionales Ernesto Ali y Alida Ferreyra. Posteriormente, se dedicará una hora y media a cuestiones de privilegio y declaraciones políticas antes de abordar el debate del dictamen de mayoría. Este último ha experimentado cambios, reduciendo de 524 a 385 artículos. El presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoromi, iniciará el debate con un discurso.

El oficialismo aseguró el piso de 129 diputados para habilitar la sesión, contando con el respaldo de bancadas como la radical, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación. No obstante, se espera que cada artículo de la ley requiera el respaldo de las tres bancadas dialoguistas, especialmente en temas como la privatización de empresas públicas.

Los puntos clave que se debatirán tras eliminar el capítulo fiscal y el sistema de actualizaciones de jubilaciones incluyen la declaración de emergencia pública, la reforma del Estado y las privatizaciones de empresas públicas. Martín Menem ha mantenido conversaciones con bloques dialoguistas para superar diferencias sobre privatizaciones, seguridad, pesca, hidrocarburos, biocombustibles y aumentos de impuestos internos.

En cuanto a las facultades delegadas, el Gobierno aceptó limitar la emergencia pública de once a siete materias, aunque persisten algunas divergencias, como el pedido de Hacemos y la UCR de eliminar la energética, tarifaria y de seguridad. 

En relación a las privatizaciones, la propuesta del Poder Ejecutivo sugiere vender todas las empresas públicas, con excepción de YPF. En casos como Nucleoeléctrica, Banco Nación y Arsat, se establece que el Estado solo puede realizar una privatización parcial, manteniendo el control de la empresa.