Denuncian a un juez por otorgarle la custodia de un menor a su padre, presunto abusador infantil

La madre del menor denunció que su hijo era abusado por su padre, pero la justicia determinó que se trataba de Síndrome de Alienación Parental.

4 diciembre, 2020

Por: Daiana Borda

La localidad cordobesa de Jesús María quedó conmocionada luego del fallo de un juez, quien le otorgó la custodia de un menor de 10 años a su padre biológico, que según un abogado de la investigación, el hombre fue denunciado por “abuso sexual infantil” por parte de Gilda Morales, la madre del niño.

La mujer denunció hace cinco años en la Fiscalía de Jesús María que su hijo era abusado por el padre biológico, no obstante, la investigación arrojó que la denuncia se basaba en falsos fundamentos debido a trastornos de manipulación de la mujer, el cual se conoce como Síndrome de Alienación Parental.

A la luz de esta evidencia, los responsables judiciales desestimaron la denuncia y, a través de la aplicación del SAP que no cuenta con respaldo científico, tomaron la decisión de otorgarle al hombre la custodia del menor de 10 años y sus dos hermanos.

Julián Carabajal, abogado defensor de la madre del niño, expresó a Télam que realizó una denuncia penal con el juez de la causa José Antonio Sartori, por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y mal desempeño de sus funciones”.

“Tomó decisiones unilaterales y arbitrarias, en el marco de un proceso investigativo viciado de ilegalidad”, señaló Carabajal y agregó que el magistrado también modificó el régimen comunicacional con la madre de los niños.

El letrado indicó que el menor “tenía que estar con la madre desde ayer para hacerse unos estudios médicos, porque está desnutrido. Está con alrededor de 15 kilos menos de los que tendría que tener, pero resulta que el chico todavía está con el padre”.

Carabajal señaló que el juez Sartori está a cargo de la causa desde hace 2 años y que sólo cometió “mala praxis judicial con la manipulación en las declaraciones” del niño. También sostuvo que estas decisiones contaban con el aval de la representante de los derechos del niño Marcela Colombo, quien según el letrado fue “introducida ilegalmente”, ya que “no cumple con los requisitos” que establece la ley provincial N°10.363.

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