Subsidios al transporte: LO BARATO SALE CARO
Subsidios al transporte:
LO BARATO SALE CARO
Por Ricardo Bustos
El anuncio que hizo el gobierno nacional la semana pasada sobre la quita de subsidios al transporte público en las provincias, no cayó bien entre los gobernadores de provincia. Sin embargo el anuncio no puede sorprender a nadie ya que el nuevo presidente durante toda la campaña electoral del año pasado repitió una y cien veces que de ser electo presidente, su gobierno se enfocaría desde el inicio mismo de la gestión en eliminar progresivamente la inmensa maraña de subsidios cruzados en torno a la energía y al transporte público.
Milei había argumentado que los subsidios al transporte público de corta y media distancia, además de constituir una evidente asignación ineficiente de recursos públicos, y de facilitar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios (la condena a Ricardo Jaime es la prueba más relevante de esto último), distorsionaba el sistema de precios constituyendo ello una indebida intromisión del estado en una economía plagada de intervencionismo estatal.
Finalmente, y a menos de 2 meses de haber asumido el gobierno, Milei anunció que efectivamente dejaría de girar a las provincias aportes del tesoro nacional para sostener el transporte público de pasajeros de jurisdicciones provinciales.
La principal razón que argumenta Milei para avanzar con esta medida que pone en alerta a los gobernadores de provincia es de índole económica. Milei ha dicho que está empeñado a como de lugar en reducir a 0 (cero) el déficit fiscal del estado nacional, causa principal de una inflación crónica que viaja en febrero a una velocidad del 20% mensual y que es necesario derrotar definitivamente.
Ante las inmediatas protestas que los gobernadores han efectuado, el ministro del interior Guillermo Franco les recordó que el transporte público provincial es responsabilidad de las provincias y no de la Nación.
Seguidamente Milei, para reforzar su anuncio, les aconsejó a los gobernadores que gasten menos en auspiciar eventos culturales y ordenen sus desequilibrios financieros optimizando la ejecución de sus recursos en base a prioridades menos relacionadas con intereses electorales.
El último aporte que recibió la provincia de Chubut en concepto de subsidio al transporte data del mes de diciembre y fue de aproximadamente $ 190 millones, proyectándose en unos $ 2.500 millones para todo el pasado año 2023.
Solo a modo de ejemplo de la recomendación que les hizo Milei a los gobernadores podrían mencionarse los $ 250 millones que la provincia de Chubut asignó para financiar la realización de 19 fiestas populares o los $ 10 millones que la provincia le giró a la municipalidad de El Maiten para financiar la presentación en Cosquin del artista Yoel Hernandez. Dinero que va a fiestas no va a subsidios, no va a medicamentos y no va a mejores salarios estatales.
Son monedas lo que representan $ 250 millones para un presupuesto provincial como el de Chubut, diría un funcionario provincial. De papas chicas también se llena la bolsa dicen en el campo.
El gobernador Torres lo sabe, al igual que el resto de los gobernadores: El transporte público de pasajeros de corta y media distancia comenzó a ser subsidiado por el estado nacional a partir del año 2004 con el objeto de atemperar el impacto del precio del boleto en la inflación que comenzaba a desbocarse por aquel entonces y que hoy viaja a niveles casi de hiperinflación.
Hay lectores que no lo recuerdan porque eran muy jóvenes, pero es necesario recordar que hasta el año 2004 los pasajeros del transporte público pagaban en Argentina el precio pleno del boleto sin subsidios de ninguna naturaleza. Es decir, cada usuario argentino pagaba el valor del viaje de su propio bolsillo sin "ayuda" del estado.
El grado de empobrecimiento de la economía argentina es tal que 20 años después, más del 50% de los argentinos necesitan de subsidios estatales para subirse a un micro.
Hubo una época en Argentina en que un ejemplar de Clarín, un café y un boleto de colectivo costaban lo mismo. Hoy en día un café cuesta más de $ 1500, un diario lo mismo y un boleto de colectivo no supera los $ 330,-
Deberán Torres y los intendentes en Chubut decidir si el transporte público seguirá funcionando en base a subsidios enteramente provinciales y municipales o si por el contrario, permiten que el sistema vaya migrando más rápido o más tarde hacia tarifas a precio pleno sincerando el sistema.
Para tener una noción de la distorsión bajo la que funciona el sistema público de transporte, es útil saber que en la ciudad de Comodoro Rivadavia el municipio inyecta mensualmente unos $ 590 millones, la nación aporta $ 190 millones y la provincia de Chubut colabora con $ 42 millones. El resto, un 40% lo aporta el pasajero.
En el caso de la ciudad de Esquel la municipalidad aporta casi $ 3 millones, la provincia inyecta $ 25 millones y la nación $ 6 millones.
Con estos dos ejemplos queda más que claro que los aportes nacionales, provinciales y municipales son discrecionales y solo están sujetos a la mayor o menor capacidad de gestión y a los acuerdos políticos que cada intendente y gobernador teja con el líder de la jurisdicción que otorga el subsidio.
En los dos casos aquí expuestos, el pasajero paga relativamente barato el boleto de colectivo, pero paga inmensamente caro el sistema de subsidios mediante el castigo inflacionario que la emisión de moneda genera y que impacta brutalmente en su bolsillo cuando va al supermercado.
El problema no es lo caro que pueda resultar el precio de un boleto en colectivo, el problema es que los salarios en Argentina se encuentran en un nivel tan bajo que un trabajador que deba usar el sistema de transporte público tiene que asignarle más del 20% de sus ingresos al item movilidad.
Lo barato sale caro y lo caro barato.