Los dólares negros de una historia que vuelve a repetirse

La detención de Kueider, quien luego de pagar 300 mil dólares quedó con prisión preventiva en un departamento de la ciudad paraguaya, generó un escándalo casi sin antecedentes porque esos 200 mil dólares negros que llevaba pueden ser una prueba concreta de la compra de su voto a favor de la Ley Bases y otras decisiones que tomó a favor del gobierno de Javier Milei.

Hay que acotar que, antes de este, el senador había efectuado otros cinco viajes similares a Paraguay. Nada, sólo eso.

Los rápidos de palabra enmudecieron

La conmoción del gobierno en las horas previas a la detención fue tal que, así como son siempre ligeros y fáciles de palabra y opinión condenatoria, varios de los ministros e influencers del gobierno, como el autodenominado gordo Dan, optaron por hacerse los desentendidos. "No vi nada, no se que pasó", repetían mirando para otro lado y esquivando esas cámaras que habitualmente buscan.

Alejandro Lanari, el número dos del vocero presidencial Manuel Adorni, apenas alcanzó a borrar un tuit en el que calificó al senador de "chorro kirchnerista". La eliminación del tuit se produjo, seguramente, luego de que alguien le avisó que, pese a ser de origen peronista, Kueider no solo votó la Ley Bases, también fue uno de los 11 senadores que acompañó la propuesta para otorgar 100 mil millones de pesos en gastos reservados a la SIDE y había sido propuesto por Santiago Caputo para integrar la comisión bicameral de seguimiento a los espías. Digamos... o sea....

El durazno y la pelusa

De todos modos y si bien el gobierno está en pánico, ante una consulta rápida cuando terminaba de bailar "YMCA" en la cumbre de derecha realizada en Buenos Aires, al presidente lo único que se le ocurrió fue decir que "era un problema del kirchnerismo". Algo que recibió la conocida, potente y elegante respuesta de Cristina, quien le pidió que se haga cargo porque "Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases, querido Javier".

La respuesta efectiva de Unión por la Patria, además del intercambio de tuits de Cristina con el presidente, fue la convocatoria a sesión especial del jueves que, todo parece indicar, no se concretaría porque ni la Libertad Avanza ni el PRO convalidarían el intento de expulsión que, en la práctica, le daría a la bancada opositora la posibilidad de sumar un senador. En este caso senadora ya que el reemplazo de Kueider sería la camporista Stefanía Cora, actual diputada provincial de Entre Ríos.

Todos salvo Unión por la Patria prefieren la banca vacía, con Kueider de licencia, lejos y callado, antes que darle una legisladora más a la oposición, que quedaría muy cerca de tener quórum propio.

La historia se repite

Para contrarrestar el pedido de expulsión, con esos mensajes que sube otro usuario y Javier Milei reposta junto con una ofensiva imagen creada con Inteligencia Artificial, el gobierno planteó la posibilidad de sacar del Congreso a todos los legisladores con causas judiciales abiertas, algo que se contrapone con el reciente discurso que se utilizó para frenar el tratamiento de la Ficha Limpia que impulsaba el PRO.

Lo cierto es que, mientras sigue sin explicarse de dónde salieron los 200 mil dólares, más los 300 mil que el abogado de Kueider pagó en concepto de fianza, el escándalo avanza y nadie sabe cómo y con quién terminará.

La historia muchas veces se repite y por eso hay que recordarla siempre, primero para conocerla y luego para que, como país y sociedad, no cometamos (una vez más) los mismos errores.

El gobierno de la Alianza de Fernando De la Rúa, al que cada tanto volvemos como al de Carlos Menem para explicar algunas cosas del actual, pudo aprobar en abril del 2000 la cuestionada Ley de Reforma Laboral. El entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, se jactó de conseguirla a partir de un poder de convencimiento al bloque opositor del Senado que no pasó por sus dotes de orador sino por compra de voluntades. De ahí que ese cambio laboral se conoce como la Ley Banelco.

La ley salió, al igual que el recorte del 13% de los jubilados que impulsó la también entonces ministra Patricia Bullrich. El conocimiento público del pago de coimas para sacar la ley pudo no haber tenido sanción judicial pero, tras la renuncia del entonces vicepresidente Carlos "chacho" Alvarez, más el claro fracaso del plan económico, significó el comienzo del fin de ese gobierno de la Alianza que había llegado al poder con promesas concretas de cambio y fin de la corrupción del menemismo. Sin embargo, en los hechos no terminó con la casta sino que trabajó en función de la misma.

Ya lo dijo un autor y pensador que seguramente el presidente y los suyos detestan: "La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa", afirmó Karl Marx en "El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte"