El aumento del combustible golpea fuerte al sector de salud: Transportistas para Personas con Discapacidad van a huelga
"Esperamos recibir prontamente una respuesta, ya que nuestra demanda es absolutamente razonable" advierten
A partir de hoy, la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, que agrupa a alrededor de 30.000 conductores en todo el país, ha comenzado una huelga en reclamo de un aumento en la tarifa que cobran por dichos traslados. Sostienen que con lo que perciben actualmente no pueden hacer frente al significativo incremento en los precios de los combustibles.
El transporte es uno de los servicios básicos que el Estado cubre a las personas con discapacidad a través de los seguros de salud o prepagos, tal como establece la ley 24,901, en los casos en que necesitan traslados para recibir rehabilitación, asistir a la escuela, a un centro de día o a un centro educativo terapéutico, entre otros destinos.
En la actualidad, los choferes reciben 272 pesos por kilómetro recorrido. "Cuando acordamos ese aumento, el precio del litro de combustible era de 328 pesos. Sin embargo, el aumento en el precio de la nafta y el gasoil nos ha complicado, ya que ahora estoy pagando 819 pesos con la misma tarifa. Llenar el tanque cuesta entre 50.000 y 60.000 pesos. La situación es verdaderamente angustiante", explica Pablo Bolego, vicepresidente de la Federación y conductor desde hace 15 años.
Actualmente, Pablo transporta a 30 personas. "Siempre es difícil dar una noticia como esta, ya que transmites tu angustia a las familias, que dependen de nuestro servicio para fines que no son recreativos. Pero la mayoría comprende que vivimos de esto. Mi familia depende de mi trabajo", dice Bolego.
El costo de los servicios es establecido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, un organismo presidido por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) e integrado por diversos organismos e instituciones del sector público, como el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud o el Ministerio de Salud, entre otros, así como instituciones sin fines de lucro relacionadas con la discapacidad. Hace unos días, el nombramiento del abogado Diego Spagnuolo como titular de la Andis generó expectativa entre las organizaciones involucradas en esta medida.
"Esperamos recibir prontamente una respuesta, ya que nuestra demanda es absolutamente razonable. De nosotros depende el traslado de unas 230.000 personas que, si no reciben sus servicios, afecta no solo a ellas mismas, sino también el trabajo de otros proveedores, como terapeutas, médicos o centros que atienden a este grupo de personas", advierte Bolego.