Enacom irá a la Corte por el fallo a Clarín “deja desamparados a millones de usuarios”

ENACOM presenta un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, para hacer valer la legalidad y vigencia del DNU 690

14 mayo, 2021

Por: Equipo de Redacción ABC

El vicepresidente de Enacom, Gustavo López estuvo en diálogo con el programa de El Destape , se refirió a la importancia de la conetividad y el fallo que beneficio a Clarón.

Es así que el funcionario expresó “Internet se ha vuelto una herramienta esencial para la vida cotidiana y uno no puede permitir que su precio quede determinado por una empresa, tiene que intervenir el Estado. Hoy vamos a ir a la Corte por el fallo que benefició a Clarín y que genera una situación de desigualdad tremenda y deja desamparados a millones de usuarios

Asimismo advirtió “Clarín hizo Forum Shopping con un montón de jueces para ir contra el decreto de telecomunicaciones”.

El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con representantes de diversas asociaciones de usuarios y consumidores, el día de ayer dieron una conferencia de para comunicar que hoy viernes 14 de mayo, el Organismo haría una presentación extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia para garantizar el pleno acatamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20, que determina el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable.

Por el vencimiento del plazo estipulado para que el Organismo realice su descargo ante la cautelar presentada en el Poder Judicial por la empresa Telecom Argentina S.A., donde se pide que se declare inconstitucional el DNU 690, en la conferencia estaba el presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores Gonzalo Quilodrán y Alejandro Gigena; la directora María Florencia Pacheco; el jefe de Gabinete del Ente, Ariel Martínez; el director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva, el director nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, Javier Forlenza, y los 27 delegados y delegadas provinciales del Organismo. También Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública; y Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Claudio Ambrosini expresó “la preocupación del Gobierno nacional es garantizar a todos los habitantes, fundamentalmente a los que menos tienen, servicios de calidad. Con la pandemia, el Gobierno puso la lupa sobre la conectividad y su necesidad como servicio público esencial en competencia. Cuando llegamos al Gobierno quisimos privilegiar a los sectores más necesitados; por ello establecimos, a través del 690, que los servicios TIC debían tener un precio lógico y previsible para llegar a todos los habitantes del país que utilizan gran parte de sus ingresos en afrontar precios en conectividad que no son accesibles para sus bolsillos. Y por ello creamos la Prestación Básica Universal, para poder atender sus necesidades. Estamos en una instancia de cautelar que habilita a los usuarios de una compañía a pagar servicios más caros; queremos que todas las asociaciones conozcan nuestra estrategia, que aporten sus ideas para acompañarnos”.

Gustavo López se sumó con su postura “Es imprescindible el derecho a estar conectados. Todos los Estados dicen que estudiemos y trabajemos desde casa, pero la Sala II dice que lo hagamos siempre y cuando podamos pagarlo. El fallo no habla del ciudadano en ningún punto, por eso están acá las asociaciones. Hay un derecho especial de usuarios y consumidores, y obligaciones especiales de las empresas hacia ellos. En el fallo no hay ninguna mención a esta situación, como si no formaran parte del asunto”.

Es así que hoy ENACOM presenta un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia, para hacer valer la legalidad y vigencia del DNU 690. Se aduce que la situación planteada transciende el interés de las partes e interviene sobre el DNU, que tiene carácter de ley, y afecta un servicio necesario para todas y todos los ciudadanos. Esto se debe a que el fallo no se fundamenta en las pruebas, sino en un supuesto perjuicio económico basado en los dichos del accionante. No obstante el Ente presentó los balances de las empresas acreditando que el 690 no implica perjuicio económico para ellas.


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