Condenaron a prisión a un hombre que con síntomas participó de varias reuniones sociales

El hombre participó de distintas actividades sociales pese a tener síntomas compatibles con Covid19.

25 septiembre, 2020

Por: Equipo de Redacción ABC

El empleado del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) en la provincia de Santiago del Estero, Luis Gerardo Ávila, fue hallado culpable de “Propagación culposa de una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa”.

Fue condenado ayer a tres años de prisión en suspenso, al ser hallado responsable de la ‘violación de las medidas adoptadas para impedir la introducción, o propagación de una epidemia y/o propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa, en concurso real de delitos en perjuicio de la salud pública’.

El ‘tour’ de Ávila” comenzó el 18 de julio cuando asistió a una reunión social festejando el Día del Amigo a una casa del B° América del Sur; al día siguiente, se trasladó a la vivienda de un ingeniero en calle Mendoza al 100; el 21 de julio, a una reunión familiar de más de diez personas a casa de su hija en calle 12 de Octubre, entre Libertad y Sarmiento, donde mantuvo contacto estrecho con un número indeterminado de personas.

El 23 de julio a pesar de presentar la sintomatología propia de un paciente de Covid-19, no lo reportó a la autoridad competente y actuó de manera negligente, sin tomar los recaudos necesarios y conocidos por todos para evitar diseminar la enfermedad’, agregó el fiscal.

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Coronavirus: El caso 41 en Santiago del Estero fue condenado a prisión en suspenso. 

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‘El 24 de julio mantuvo contacto directo, sin distanciamiento social, con una mujer a la que trasladó en su vehículo hasta La Banda’. De ahí, ‘concurrió a la casa de su ex pareja e hija menor en dicha ciudad’, ahondó el funcionario.

Citó también ‘una reunión social el 31 de julio en el B° Las Moras, en La Banda, con una cuadrilla de trabajo del IPVU’. Robles subrayó que el 1 de agosto, Ávila ‘llevó un vehículo a un taller mecánico en el B° Las Moras y circuló por la vía pública, sin respetar el distanciamiento social y obligatorio’.

Por lo que la justicia entendió que el empleado estatal transmitió o propagó el virus de manera negligente, afectando con dicha enfermedad a una pluralidad de personas y generando un peligro común de contagio para toda la sociedad’.


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