Este domingo, el presidente, Alberto Fernández, reiteró su postura de que el Estado debe “regular servicios públicos como tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y celulares para preservar los derechos de ciudadanos y proteger al usuario”.
El mandatario se volcó a la red social Twitter, donde volvió a defender su decisión de declarar públicos y esenciales los servicios de telefonía, cable e Internet, al citar una publicación del secretario de Gobierno bonaerense, Federico Thea, quien calificó el rechazo a esa medida como “dogmático y corporativo”.
“Lean con atención las observaciones de Thea. Es necesario que entendamos que el Estado debe regular servicios públicos como TIC’s y celulares para preservar los derechos de ciudadanos que necesitan acceder a los mismos. Proteger al usuario. De eso se trata”, expresó el mandatario.
A su vez, Thea sostuvo también en Twitter que quienes creen en la política como “herramienta de transformación y, por ende, en el rol del Estado”, tienen la “obligación” de defender la medida y “explicar una y mil veces su importancia y razonabilidad”.
Además, el funcionario bonaerense reseñó que “en diciembre de 2015” el ex presidente Mauricio Macri “derogó por DNU 267/15 la facultad del Estado de regular los precios de los Servicios TIC, prevista en la Ley Argentina Digital desde 2014, sin más necesidad y urgencia que aumentar las ganancias de sus empresas amigas a nuestra costa”.
“¿La consecuencia fue mayor inversión y acceso a estos servicios? No, estas medidas ‘a medida’ de las grandes corporaciones desincentivaron la competencia y multiplicaron la rentabilidad”, añadió.
Por otro lado, también planteó: “¿Alguien puede dudar que hoy el acceso a Internet y a la telefonía celular son servicios esenciales y estratégicos, cuyo acceso universal debe ser garantizado por el Estado mediante herramientas regulatorias?”.
“La declaración de ‘servicio público’ no es más que eso”, dijo y añadió: “El rechazo a la facultad del Estado de incidir sobre los precios fijados a estos servicios desconoce que estas actividades ‘privadas’ usan de modo casi exclusivo un espacio propio del dominio ‘público’. Estas corporaciones funcionan gracias a autorizaciones estatales”, concluyó.