Este sábado se supo, según una denuncia del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que unos 60 represores procesados, imputados e incluso condenados por delitos de lesa humanidad cobran “pensiones honoríficas” como veteranos de la guerra del Atlántico Sur.
Esta agrupación de ex combatientes se puso “a disposición” esta semana de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar las “irregularidades detectadas” en el otorgamiento de esos beneficios, que comenzaron a otorgarse en los años 90.
El CECIM elaboró un relevamiento (a partir del cual surge esta información), en base a datos que se encuentran en los registros del organismo que regula la seguridad social en el país y que pueden consultarse por internet.
Uno de los dirigentes del CECIM, Ernesto Alonso, dijo en diálogo con Télam: “El decreto 1357/04 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner estableció que esta pensión no podía ser cobrada por quienes hubieran cometido violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la patria o el orden constitucional. Por eso creemos hay irregularidades que deben ser corregidas”.
Sin embargo, hay en esa lista personal militar que cobró la pensión y que aún la percibe, a pesar de estar involucrados en crímenes de terrorismo de Estado.