Miquelarena resaltó el derecho de los fiscales a "defender sus posturas y explicar sus motivaciones ante la opinión pública"

El jefe de fiscales, procurador general Jorge Miquelarena, participó en una comunicación con ABC Radio donde abordó diversos temas relacionados con la remoción de fiscales de la causa de Emergencia Climàtica. Miquelarena expresó su sorpresa ante la decisión de retirar la acusación por parte de los fiscales, señalando que "no tenía conocimiento previo de esta determinación" y resaltando la autonomía de cada fiscal para tomar decisiones en sus casos.

El procurador detalló que, al enterarse de los cambios en el equipo fiscal y la designación del fiscal Cristian Olazábal al frente del caso, solicitó una audiencia urgente ante el tribunal correspondiente. Manifestó su preocupación por el corto plazo entre la notificación y la fecha fijada para el debate, considerando "insuficiente el tiempo para que el nuevo fiscal se familiarizara adecuadamente con el caso".

En este sentido, destacó la importancia de brindar el tiempo necesario para que el fiscal pueda "interiorizarse del caso, colaborar con el equipo multidisciplinario y preparar el juicio de manera adecuada". Miquelarena hizo hincapiè que el plazo de 15 días otorgado para la preparación del juicio es "razonable y proporciona la autonomía necesaria para llevar a cabo el proceso judicial de manera efectiva".

Respecto a las opiniones divergentes entre los fiscales sobre la elevación de la causa a juicio, Miquelarena subrayó que "cada funcionario tiene derecho a ejercer su defensa y expresar sus argumentos". Reconoció la complejidad del caso y la necesidad de evaluar detenidamente todas las evidencias antes de tomar una decisión. Asimismo reconociò que "no puede opinar sobre el caso sin conocer todos los detalles del expediente" y que los fiscales tienen la responsabilidad de justificar sus acciones.

En conclusión, Miquelarena resaltó la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial, así como el derecho de los fiscales a "defender sus posturas y explicar sus motivaciones ante la opinión pública".