En relación a la causa por adjudicaciones de viviendas del IPV, hoy se desarrolló la audiencia de control y apertura por exacciones ilegales en modalidad de concusión y asociación ilícita en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
De este modo desde el Ministerio Público Fiscal se informó que en la modalidad de videoconferencia se concretó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación que investiga adjudicaciones de viviendas del IPV , la imputada es Griselda Jonás. El fiscal a cargo hizo el pedido para que se declare legal su detención y se le formalice el ilícito investigado con la calificación legal provisoria de “exacciones ilegales en modalidad de concusión, en calidad de partícipe necesaria; en concurso real con asociación ilícita en carácter de organizadora”. Iturrioz por su parte solicitó la prisión preventiva a la mujer por tres meses; y la defensa cuestionó el hecho y la calificación legal y propuso su libertad o su arresto domiciliario. El juez penal resolvió dar dictar la prisión preventiva de Jonás por el término de un mes.
Miguel Caviglia, fue el juez penal en la audiencia; por el Ministerio Público Fiscal asistió Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de la imputada Jonás la ejerció Cristina Sadino, una defensora pública.
“El hecho investigado data al menos del mes de Enero del año 2.020, cuando un grupo de personas, comandados por dos funcionarios de alto rango dependientes del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante el IPV), cuyas identidades aún no han sido precisadas con certeza hasta este momento; pues solo se ha podido determinar que una de ellos sería una fémina cuyo nombre de pila sería el de “Claudia”, mientras que el restante es un masculino; obrando de común acuerdo decidieron conformar una asociación ilícita destinada a la comisión de múltiples delitos” destacan en el informe desde el Ministerio Público.
El modus operandi sería que se recaudaba dinero proveniente de personas con ” la necesidad apremiante de acceder a una vivienda propia. Conformada la empresa criminal, una de las organizadoras, Griselda Fanny Jonás, asumió para sí el rol de representante de aquel colectivo en esta ciudad de Comodoro Rivadavia; pues los dos Jefes de la banda se permanecerían en Rawson, pudiendo de tal forma cumplir su rol funcional en el IPV. Repartidos los roles Jonás comenzó a ofrecer a distintas personas Carpetas Adjudicadas del IPV, correspondientes todas ellas a distintos planes de viviendas –sociales- que el organismo construyó y construye en la zona norte de esta ciudad, más precisamente en el Barrio Kilómetro 12.”
Con el pago de $ 150.000 a $ 300.000, se garantizaba una suerte de “Adjudicación Directa”, la que implicaba sortear procedimientos legalmente impuestos por el IPV. Jonás remitía las “Carpetas” a sus superiores de la ciudad de Rawson, estos se encargaban de confeccionar las Resoluciones donde se concretaban las adjudicaciones en favor de quienes habían abonado la gestión, previo descontar su “comisión” y la de sus gestores. Se concretaron al menos doscientas operaciones ilegales, todas ellas con el mismo modus operandi.