La familia de Santiago Maldonado presentó un “pronto despacho”, por la  “demora inadmisible”, como dice la abogada, Verónica Heredia “y si la justicia llega tarde no es justicia”.

Sine mbargo, la Corte Suprema no tiene plazos prefijados para expedir sus resoluciones.

El 6 de marzo de 2020, la abogada Verónica Heredia pidió a la Corte que decidiera que la desaparición por 78 días seguida de muerte de Santiago Maldonado se investigara sin descartar ninguna hipótesis.  En tanto el Máximo Tribunal tiene que pronunciarse sobre la ilegalidad de las escuchas ordenadas por la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich al primer juez de la causa, Guido Otranto, quien recusado por presunción de parcialidad publicó TA.

Sergio Maldonado recordó “apareció misteriosamente el cuerpo de Santiago en un lugar que había sido rastrillado tres veces y que estaba a la vista de todos. Imposible que el cuerpo haya estado ahí” y “cuando decimos que hay que investigarlo como desaparición forzada, no es un capricho, sino que desde el día uno hasta el día setenta y ocho de su desaparición nadie pudo explicar dónde estuvo Santiago.”

Es así que prosiguió “Hemos pasado por diferentes cámaras y tribunales en los cuales seis jueces dijeron que no había que descartar la desaparición forzada (entre ellos el juez Hornos), mientras que el juez Borinsky (el que jugaba al paddle en la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente) fue quien en cuatro oportunidades rechazó los pedidos que le hicimos”.

“Se dejó de lado que hubo una represión, que se cometieron errores groseros, y fundamentalmente que la autopsia no pudo determinar cómo, dónde y cuándo murió Santiago” e insistió “instalaron que Santiago se ahogó solo, que al aparecer el cuerpo se puede descartar la hipótesis de la desaparición forzada, y que a mí el Estado me pagaba un subsidio y por eso seguía reclamando. Una mentira que repitieron diputados como (Waldo) Wolff y (Fernando) Iglesias; mientras que nosotros no contábamos con el aparato del Estado como ellos y los medios que tiene la derecha para este tipo de cosas”.

 

Un grupo de expertos independientes, internacional e interdisciplinario, podría venir pero el estado lo rechazó  “la segunda etapa, que consiste en venir al país a realizar trabajos en el territorio, no fue factible porque el Estado no apoyó el pedido que hicimos de actuación del grupo de expertos independientes. Tranquilamente, la Secretaría de Derechos Humanos podría haber aprobado a ese grupo y ser consecuente con algunos de sus planteos, incluso con las políticas de acompañamiento a los familiares de víctimas y el acceso a la verdad y la justicia de los anteriores gobiernos kirchneristas.”