Argentina

¿Qué empresas públicas se podrían privatizar con la Ley Bases?

Tras la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores se puso en la mira a varias empresas públicas que podrían ser privatizadas.

¿Qué empresas públicas se podrían privatizar con la Ley Bases?¿Qué empresas públicas se podrían privatizar con la Ley Bases?

La reciente aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Senadores ha puesto en la mira a varias empresas públicas que podrían ser privatizadas o concesionadas una vez que la ley sea promulgada. Las empresas potencialmente afectadas incluyen Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales.

Sin embargo, en la última modificación del proyecto, se decidió excluir de la privatización a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y los medios públicos, atendiendo a las demandas de algunos gobernadores. El próximo paso es la validación de esta versión en la Cámara de Diputados, donde se confirmará o se volverá a la versión original.

La Ley Bases es un paquete de medidas que incluye la delegación de poderes al Ejecutivo, privatizaciones y concesiones de empresas estatales, la derogación de la moratoria previsional, ajustes en el impuesto a las ganancias y el monotributo, la disolución de organismos públicos, y una reforma laboral, entre otros.

El núcleo de esta ley radica en otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, mediante la declaración de emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por un año.

Declaración de Emergencia Pública: Se declara la emergencia pública por un año en áreas administrativas, económicas, financieras y energéticas, permitiendo al Ejecutivo asumir poderes especiales.

Privatizaciones: Establece la privatización de empresas del estado, excluyendo a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentina (RTA). Energía Argentina, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales están sujetas a posibles privatizaciones o concesiones.

Desregulación del Estado: La ley permite la disolución, fusión o modificación de organismos públicos, con la excepción de 15 entes e institutos que no pueden ser disueltos, como el CONICET, el Laboratorio Malbrán, la ANMAT, entre otros.

Reforma Laboral: Se extiende el período de prueba a seis meses, se eliminan multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral para indemnizaciones, opcional por convenio colectivo. También se permite contratar un seguro de desempleo.

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a US$200 millones, incluyendo una alícuota única del 25% en el Impuesto a las Ganancias y la contabilización del 100% del Impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de Ganancias.

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