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Proyecto del Gobierno busca declarar a las barras bravas como organizaciones criminales

El Gobierno Nacional avanza con un proyecto de ley que endurecerá las penas contra las barras bravas, considerando sus actividades como las de organizaciones criminales. La normativa también apunta a responsabilizar a los organizadores de eventos deportivos por la seguridad en los estadios.

El Gobierno trabaja en un ambicioso proyecto de ley que busca redefinir el tratamiento legal de las barras bravas del fútbol argentino. Según trascendió, la propuesta, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de la Presidencia, pretende tipificar las actividades de estas agrupaciones como propias de organizaciones criminales, cerrando brechas legales y endureciendo las sanciones contra sus integrantes.

Entre los puntos centrales del proyecto, se destaca la penalización de quienes permitan el ingreso de armas a los estadios o faciliten el acceso a personas con antecedentes penales. Las penas previstas incluyen de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o participen en la reventa de entradas de protocolo.

El proyecto también busca cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que incluyen actividades ilegales como extorsiones, amenazas y el control territorial de estacionamientos informales o "trapitos" en las inmediaciones de los estadios.


Además de los integrantes de las barras, el proyecto pone el foco en los dirigentes deportivos que mantengan vínculos conniventes con estas agrupaciones. Aquellos que entreguen entradas o colaboren con las barras podrían enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.

Asimismo, la normativa contempla sanciones administrativas más rigurosas, como la prohibición de ingreso a los estadios para personas imputadas por delitos, incluso sin sentencia firme.

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