Polémica, indignación y reclamo: El gobierno nacional utilizó términos discriminatorios para referirse a la discapacidad
Organizaciones y familias critican duramente la resolución 187/2025, que utiliza términos como "idiota" e "imbécil" y vuelve a una visión médica de la discapacidad.


La publicación en el Boletín Oficial de la resolución 187/2025, que establece criterios de evaluación para el acceso a pensiones por invalidez, generó una ola de indignación en la comunidad de personas con discapacidad y sus familias. El motivo: el uso de términos considerados obsoletos y peyorativos para referirse a la discapacidad intelectual.
La resolución, emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), utiliza términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental", que fueron abandonados hace décadas por su carga discriminatoria. Además, se refiere a la discapacidad intelectual como "retardo mental", en lugar de utilizar el término "discapacidad intelectual", recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
"Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado", expresó Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. "Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante".
Las críticas no se limitan al lenguaje utilizado. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) cuestionan la visión médica de la discapacidad que subyace en la resolución. "La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entiende que la discapacidad no es una cuestión individual asociada a una patología, sino que nace de la interacción entre ciertas características de las personas y las barreras presentes en los entornos que habitan", señalaron desde ACIJ.
La resolución también fue criticada por no haber contado con la participación de organizaciones de personas con discapacidad en su elaboración.
Ante la polémica, diversas organizaciones presentaron un reclamo administrativo para solicitar la derogación de la resolución 187/2025. Hasta el momento, la ANDIS no ha emitido respuesta a las críticas.
Fragmento del Boletín Oficial