"No de nuevo, me decía"

 El martes, el gobernador Ignacio Torres firmará con Nación el "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas" que se anunció el jueves pasado. El Régimen se presenta como la herramienta que encontraron las partes para acordar cargas y volver a foja cero, luego de un año de recortes, eliminación de Fondos, y cancelación de la obra pública.

La propuesta, de la que no se conocen detalles concretos, no surge de un arrepentimiento del gobierno nacional respecto a su política de recortes salvajes y agresión a las provincias sino de la necesidad que tiene Milei de aprobar el proyecto presupuestario 2025, que solo tiene como premisa el déficit cero y para ello establece: la baja de los presupuestos educativos y de Salud, sostiene la eliminación de la obra pública y de cualquier partida que, de acuerdo a la visión del gobierno, "altere con populismo" ese equilibrio fiscal.

Lo único que trascendió del Régimen es que las provincias tendrán que desistir de los reclamos que hicieron ante la Corte Suprema por el no envío de Fondos coparticipables. En el caso de Chubut son los que Torres presentó a principios de año, cuandoel gobernador se ungió como la cabeza patagónica de la resistencia ante tanto recorte y alteración del sistema Republicano y Federal que establece la Constitución Nacional.

A cambio de esas renuncias a los litigios judiciales, las provincias congelarían o renegociarían deuda. La de Chubut, luego de Arcioni, era por 210 mil millones pero se redujo a 119 mil tras el acuerdo de agosto. La duda que se presenta, basada en el desprecio al federalismo que demostró el gobierno nacional, es si esa renuncia judicial tendrá comocontrapartida la extinción de esa obligación y si además la firma no establece la anulación de las otras que tiene Nación con los estados federales, como son: la obra pública, el aporte en Salud, Educación, Seguridad y la coparticipación correcta y constante de fondos.

Compromisos que se contraponen

A esas dudas centrales, que se supone que Chubut y las demás provincias ya verificaron antes de firmar, se le agrega la falta de cumplimiento de todos los acuerdos previos que Milei hizo con los gobernadores para que acompañen Ley Bases, firmen el "Pacto de Mayo", sigan sosteniendo el DNU 70 y dejen firmes los abominables vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y Movilidad Jubilatoria.

En definitiva, ¿qué garantía de cumplimiento tienen esta vez los gobernadores para que Nación cumpla y sostenga el acuerdo una vez que se apruebe el presupuesto?

El proyecto presupuestario que se está discutiendo en Diputados establece condiciones más gravosas que la del reconducido actual en varios temas sensibles. Uno de ellos es el relativo a las Universidades y Educación en general, que pasó de un mísero 0.98 actual a 0.88, el más bajo de toda la historia de la República Argentina.

Algunos de los bloques amigables o funcionales al gobierno están pidiendo al gobierno que garantice los fondos para las Universidades, algo que parece improbable por el discurso absolutamente belicoso para la educación pública como en los hechos.

El gobernador Ignacio Torres suscribió en la semana un documento con la Rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, por el que se comprometió a que los legisladores que le responden voten en defensa de ese Financiamiento Universitario, cuyo veto fue acompañado por la la diputada nacional Ana Clara Romero, a quienes, como el resto de los legisladores nacionales por Chubut, la propia Legislatura le pidió que sostengan.

¿Habrá ahora un pedido explicito en ese sentido? ¿Será en consecuencia distinto al anterior o si es el mismo será esta vez escuchado?

Muchas preguntas y dudas que siguen cruzadas y latentes.