Juicio por la emergencia climática: este martes comienza
El proceso judicial conocido como "Emergencia Climática I en Comodoro" entra en una nueva fase este martes 7 de mayo, coincidiendo con las condiciones climáticas adversas en la ciudad. Se espera que todos los imputados participen en el debate judicial.
Este martes 7 de mayo marca el comienzo del juicio relacionado con la "Emergencia Climática I en Comodoro", un caso que ha sido seguido de cerca por la comunidad local. La Cámara en lo Penal local y el tribunal de juicio han emitido resoluciones recientes relacionadas con este caso, que involucra a varios imputados.
Los jueces de Cámara, Montenovo, Pintos y García, han devuelto el expediente al tribunal de debate, declarándolo competente para resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por el Ministerio Público Fiscal. A su vez, el tribunal ha desestimado la solicitud de sobreseimiento presentada por la fiscalía, y ha dado inicio al debate judicial, informando al Procurador General, Jorge Miquelarena, sobre los detalles del proceso.
El 22 de abril se conoció el pedido de prórroga que fue planteado por el procurador general, Jorge Miquelarena, para dar un tiempol al fiscal designado, Cristian Olazábal, para que este pueda preparar el caso ya que el mismo procurador designó al nuevo fiscal para que lleve adelante el juicio, después que los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral pidieran el sobreseimiento de los ex funcionarios.
Los fiscales Cretton y Cabral habían planteado previamente un pedido de sobreseimiento para varios de los imputados, argumentando que faltaban pruebas suficientes para demostrar su responsabilidad penal. Sin embargo, este pedido fue rechazado, y se espera que todos los imputados comparezcan ante el tribunal.
El caso "Emergencia Climática I en Comodoro" se origina a raíz de la tormenta conocida como "ciclón extra-tropical" que afectó a la ciudad entre el 29 de marzo y el 9 de abril de 2017, dejando graves daños en varias zonas. La investigación se centra en la gestión de la emergencia por parte de las autoridades locales y los presuntos delitos relacionados con la contratación de empresas para las labores de limpieza y recuperación.