Argentina

El Gobierno multará a empresas de luz y gas por cobrar tasas municipales en las facturas

La medida, establecida por la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, contempla multas que van desde $374.129 hasta $1.571.343.900 para las compañías que no eliminen estos cargos adicionales en el plazo de 30 días.

El Gobierno Nacional busca hacer cumplir la normativa que prohíbe a las empresas de luz y gas incluir tasas municipales en las facturas. 

La normativa estipula que las facturas de servicios deben contener únicamente el costo del bien o servicio contratado, sin incluir conceptos ajenos, como tasas municipales o provinciales. El incumplimiento de esta disposición será sancionado según el régimen de penalidades previsto en la Ley de Defensa del Consumidor.

Luis Caputo, ministro de Economía, defendió la medida argumentando que la inclusión de cargos extra constituye una "violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores". Además, señaló que esta práctica limita la libertad de elección de los usuarios.

La decisión del Gobierno generó críticas y resistencia, especialmente desde los municipios. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, expresó su preocupación sobre el impacto de la normativa en el financiamiento del alumbrado público y otros servicios locales. "Los intendentes están en el primer mostrador; vaya mi reconocimiento porque le ponen el pecho a esta crisis y el gobierno nacional, empezando por Toto Caputo, debería agradecerles a los intendentes porque si no estuvieran atendiendo las demandas de salud, educación, alimentos y acompañando tendríamos una situación social mucho más complicada que la que tenemos hoy", sostuvo.

Mientras tanto, algunas municipalidades decidieron recurrir a la Justicia para detener la implementación de la medida. El Juzgado Federal de Campana, a través del juez Adrián González Charvay, suspendió temporalmente la resolución tras un pedido de la Municipalidad de Pilar.

En paralelo, la Secretaría de Energía emitió la resolución 259/2024, que exige a las estaciones de servicio de aquellas jurisdicciones que apliquen tasas viales o municipales sobre el precio de los combustibles informar claramente a los consumidores sobre estos cargos adicionales.

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