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El gobierno admitió un "error" al utilizar términos discriminatorios para referirse a personas con discapacidad

A raíz del escándalo por el uso de términos obsoletos como "idiota" e "imbécil" en un baremo, la Agencia Nacional de Discapacidad anunció que corregirá la resolución 187/2025 y reafirmó su compromiso con un sistema de evaluación justo

El gobierno admitió un "error" al utilizar términos discriminatorios para referirse a personas con discapacidadEl gobierno admitió un "error" al utilizar términos discriminatorios para referirse a personas con discapacidad

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) admitió haber cometido "un error" en la resolución 187/2025, publicada el pasado 16 de enero, que establecía criterios para medir la "invalidez laborativa" y utilizaba términos discriminatorios para referirse a personas con discapacidad.

La resolución, firmada por el presidente de ANDIS, Diego Spagnuolo, generó un fuerte repudio por utilizar una terminología obsoleta y derivada del modelo médico de discapacidad, donde se catalogaba a las personas como "idiotas", "imbéciles" y "débiles mentales". Estas categorías contradicen la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.

Ante el escándalo, ANDIS emitió un comunicado en el que reconoció que la publicación de los términos en cuestión "no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta".

La agencia anunció que modificará la resolución 187/2025 y su anexo, "siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales".

ANDIS aclaró que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación y reafirmó su "compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan".

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