Chubut adhirió al RIGI con el voto mayoritario del bloque oficialista y el curioso voto de una diputada opositora

Tras un intenso debate, la Legislatura aprobó por mayoría (18 votos a favor y 9 en contra) la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. La defensa de un proyecto aún no reglamentado, los duros cuestionamientos y una gran incógnita en torno a la posible apertura hacia la minería. 

Con más policías que manifestantes adentro del recinto, y una gran cantidad de personas aguardando afuera la resolución, se trató y aprobó en la Legislatura la adhesión al RIGI, que aún no fue reglamentado a nivel nacional. 

En apoyo al proyecto, votaron los 16 legisladores del bloque oficialista Despierta Chubut: Daniel Hollman, Emanuel Fernández, Sergio González, Sandra Willatowsky, Roxana Soldani, Paulina Hogalde, Karina Otero, Sixto Bermejo, Sonia Cavagnini, Sergio Ongarato, Andrea Aguilera, Luis Juncos, Leticia Magaldi, Leonardo Bowman, Jaqueline Caminoa y Fabián Gandón. También votaron a favor los diputados Daniel Casal de Familia Chubutense y -sorprendentemente (o no)- la diputada de Puerto Madryn, Mariela Williams, algo que denota el acuerdo político del gobernador Ignacio Torres con los peronistas Gustavo y Ricardo Sastre. 

En contra lo hicieron el resto del bloque Arriba Chubut -Juan Pais, Gustavo Fita, Emanuel Coliñir, Norma Arbilla, Vanesa Abril y Tatiana Goic-; el legislador de la Izquierda, Santiago Vasconcelos, y los diputados del PICH, Andrea Toro y Marcelo Rubia. 

"Un grave error que hipoteca el futuro de los chubutenses" 

El presidente de la bancada opositora, Arriba Chubut, Juan País, fue el primero en argumentar en contra de la adhesión diciendo "están a punto de cometer un error histórico que hipoteca el futuro de los chubutenses". "El RIGI permite, por ejemplo, que el gran inversor importe y exporte sin ningún tipo de arancel, mientras que los inversores locales tienen que pagar aranceles, por lo cual perderán en la competencia. Estamos hablando de aquellos que llevan años dando trabajo en esta provincia", agregó. 

Por su parte, Gustavo Fita advirtió que "están muy apurados con un proyecto que debe analizarse y debatirse de modo profundo", y que "la adhesión implica la prorroga de jurisdicción, es decir que cuando haya un conflicto entre el gran inversor y la provincia del Chubut crea que se están vulnerando sus derechos contra sus normal locales, quien va a dirimir será el CIADI (Organismo internacional)". 

En la misma línea, Emanuel Coliñir expresó que "no se si son conscientes de lo que estamos tratando hoy. El RIGI excede hasta las garantías que las empresas pedían, con beneficios como reducción del 10% de alícuota del impuesto a las ganancias, impuesto país no paga, derechos de importación tampoco, derechos de exportación después del 3er año tampoco, tiene amortización acelerada, transferencia de quebrantos, tiene prioridad -y esto es importante- en el uso de insumos aunque colisione con derechos sociales, es decir, aunque le falte a los chubutenses. Ya hicieron mención mis compañeros que ante determinado litigio, se resuelve en un organismo internacional que toda la vida resolvió de manera negativa contra los intereses nacionales". 

Además, expresó: "El gobernador tiene un acuerdo político pragmático con el presidente para entregar nuestra soberanía, porque las grandes multinacionales que operan en nuestra provincia y nuestro país quieren generar benecificos a través de UTEs distintas para poder seguir llevándose nuestros recursos naturales sin poner plata en las provincias dueñas de esos recursos. ¿Quién nos va a garantizar que la minería no se va a instalar sin beneficios para la provincia y la Nación cuando el mismo gobierno nacional desconoce el artículo 14 y 14 bis de nuestra Constitución?¿Por qué respetaría las leyes provinciales? 

"Esto es un escándalo" 

El referente de la Izquierda, Santiago Vasconcelos, fue categórico al explicar que "en términos formales esto es un escándalo. ¿Cómo vamos a votar algo que no está reglamentado?¿Cómo hace la población de Chubut para tomar una postura si no sabe los alcances de esta Ley a la que esta provincia está adhiriendo? Están dispuestos a adherir una ley que ni siquiera saben su contenido y no están dispuestos a discutirla". 

"Por 30 años garantizan todas las exenciones; que si hay escasez de agua o energía, esa energía va para las empresas; que si hay algún tipo de conflicto, los tribunales internacionales van a fallar a favor de la empresa; que si la provincia tenía sancionada algún tipo de ley que pueda dificultar el desarrollo de esas grandes inversiones, afuera esa ley. Están permitiendo ese avance y por supuesto que entra la 5001, como tantas otras, luchas de este pueblo que quedan pendiendo de un hilo", agregó. 

Incluso la diputada Andrea Toro (Pich), se posicionó en contra de la adhesión al régimen con argumentos desde lo legal: "El RIGI atenta contra los ´principios fundamentales de nuestra organización federal avasallando las autonomías provinciales. Cuando analizamos el proyecto, nos basamos en lo legal, en todo lo que el RIGI no respeta, por ejemplo el artículo 165 que establece que las grandes inversiones que se concreten bajo este régimen son de carácter nacional y que cualquier norma provincial o municipal que las limite, será declarada nula, de nulidad absoluta e insanable", leyó. 

Diputados oficialistas, con más dudas que certezas, pero todos a favor 

El diputado de Despierta Chubut y exintendente de Rada Tilly, Luis Juncos, argumentó que "la discusión conceptual del RIGI ya fue dada en el Congreso de la Nación y hoy lo que tenemos que decidir es si la provincia del Chubut adhiere a este título de esta ley bases y bajo qué aspectos. Seguramente van a surgir muchas discusiones pero no podemos modificar el contenido, esto ya fue aprobado a nivel nacional. Lo que sí está garantizado con la no adhesión es que el inversor que quiera invertir va a elegir otra provincia, por eso no podemos no adherir". 

Asimismo, describió la supuesta protección de la Ley 5001, que prohíbe la explotación minera en la provincia, a través del artículo 2. 

El comodorense Emanuel Fernández, también defendió la adhesión: "No sé qué propone la oposición, porque fueron gobierno y los indicadores no dejaron de caer. Se habla de federalismo, de la entrega de recursos y hay mucha hipocresía. No hay propuestas del otro lado para crecer. Tenemos que centrarnos en legislar y tratar políticas públicas que generen trabajo y le cambien la vida a la gente. Por eso para mí es vital que aprobemos este régimen hoy". 

Sonia Cavagnini "no podemos seguir perdiendo el tiempo, estamos facilitando el marco para poder regular la ley" dijo y leyó casi como si fuera un producto de venta: "Esta ley es una herramienta clave que trae inversiones en Argentina y busca proporcionar estabilidad y previsibilidad a largo plazo, con un marco legal que promueve la certidumbre y la competitividad". 

El más incómodo al momento de defender la adhesión al RIGI, con el peligro de que se avasalle la 5001, seguramente fue el exintendente de Esquel, Sergio Ongarato, localidad claramente identificada con el no a la minería. Hizo un análisis sobre la situación económica y financiera del país para remarcar la necesidad de inversiones. "El gobernador asumió en una provincia en crisis sin ninguna posibilidad de inversión. Lo tiene que revertir con un presidente que fue el más votado. Yo no estoy acompañando al presidente Milei sino al gobernador Torres en este momento que tiene que gobernar y generar empleo".