El Gobierno presentó un habeas corpus para proteger a Javier Milei de la orden de captura emitida por Venezuela

El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Justicia de la Nación y la Procuración del Tesoro, presentó un habeas corpus preventivo ante la Justicia en respuesta a la orden de captura emitida por el régimen chavista contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. 

La acción judicial, además, busca que se declare la ilegalidad de la orden de detención emitida por el gobierno venezolano y que se informe a Interpol y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la situación. El comunicado oficial del Ministerio de Justicia repudió las acciones del régimen venezolano, calificando las acusaciones como "falsas" y denunciando el intento de intimidación por parte de un sistema judicial controlado por la dictadura chavista.

Junto a Javier Milei, la orden de captura también afecta a la ministra Patricia Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios jueces y fiscales argentinos, quienes fueron señalados por la justicia venezolana como responsables del supuesto "robo" de un avión venezolano-iraní retenido en Argentina y trasladado a Estados Unidos.

La orden de captura emitida por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Esta medida se produce después de que la canciller argentina, Diana Mondino, solicitara a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención de Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno bolivariano, en respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.

En su comunicado, el Gobierno argentino subrayó que "no permitiremos que ninguna dictadura extranjera atente contra la libertad de nuestros compatriotas".

La tensión entre ambos países aumentó después de que Argentina retuviera el avión venezolano-iraní en Buenos Aires, acción que el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un robo, y que derivó en la escalada judicial actual. La situación sigue generando repercusiones diplomáticas y judiciales, mientras Argentina busca garantizar la seguridad de sus funcionarios.