Salta rechazó el pedido de Bolivia para dejar de cobrar la atención médica a sus ciudadanos
La política de aranceles fue implementada inicialmente por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y luego ratificada por la Legislatura provincial.
Las autoridades de Salta decidieron mantener firme su postura de cobrar la atención médica a los ciudadanos extranjeros, a pesar del pedido formal realizado por el consulado de Bolivia para que se revise la medida.
El gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, fue quien recibió el planteo por parte de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, quien expresó que el consulado recibió numerosas quejas de sus compatriotas por los nuevos aranceles impuestos en los hospitales salteños. Huanca buscaba explorar la posibilidad de establecer convenios que permitieran un arancel diferencial para los ciudadanos bolivianos.
Valenzuela, sin embargo, rechazó la solicitud, afirmando que no había margen para negociar la medida. "Le dije que una solicitud de esa naturaleza estaba fuera de lugar, es como si yo le pidiera a ella que no cumpla la ley en su país", indicó el funcionario.
La reunión, que tuvo lugar el 13 de agosto, se desarrolló en un marco cordial, según Valenzuela, aunque dejó en claro que la recomendación a las autoridades bolivianas fue que canalicen sus reclamos a través de su propio gobierno, liderado por el presidente Luis Arce. "Les dije que lo que podían hacer es pedir presupuesto para hacerse cargo de los costos desde el consulado", sugirió.
El cobro de la atención médica a extranjeros en Salta se rige por la Ley Provincial 8.421 y abarca tratamientos específicos, consultas con especialistas y prácticas quirúrgicas. Sin embargo, los servicios de urgencias que impliquen riesgo de vida continúan siendo gratuitos. Desde la implementación de los aranceles, el número de ciudadanos bolivianos atendidos en el hospital disminuyó drásticamente, pasando de 300 personas atendidas por semana a solo 5.
Por su parte, la intendencia de Orán, uno de los departamentos que limita con Bolivia, informó que gracias a esta medida se logró un ahorro de 60 millones de pesos en el área de salud durante lo que va del año.
Antes de la implementación de esta ley, tanto Salta como la provincia de Jujuy habían firmado convenios de reciprocidad con Bolivia, que garantizaban la gratuidad en la atención médica para ciudadanos de ambos países. Sin embargo, la repetición de casos en los que ciudadanos argentinos fallecieron en Bolivia al ser rechazados en situaciones de urgencia llevó a los gobiernos locales a revisar su posición. Este fue uno de los principales argumentos utilizados por el gobernador Sáenz para impulsar la nueva política de aranceles.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, enfatizó que el sistema de salud en Argentina es muy bueno y que la idea de reciprocidad con Bolivia no es válida debido a las diferencias en el tratamiento que los argentinos reciben en el país vecino. "Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos", afirmó Mangione.