La polémica intromisión de la política en la justicia
A través de una conferencia de prensa con actores partidarios del gobierno provincial que no tienen ninguna injerencia en la causa, anunciaron que solicitarán un pedido de destitución contra los fiscales
La fiscalía de Comodoro solicitó el sobreseimiento de funcionarios municipales que cumplían funciones durante la emergencia climática de 2017. A través de una conferencia de prensa con actores partidarios del gobierno provincial que no tienen ninguna injerencia en la causa, anunciaron que solicitarán un pedido de destitución contra los fiscales, al caer una imputación que había iniciado el secretario de Seguridad, Héctor Iturrioz, cuando era fiscal.
La semana terminó con polémica en Comodoro tras darse a conocer que el fiscal Adrián Cabral, apoyado por el fiscal jefe, Marcelo Crettón, solicitaron el sobreseimiento de Abel Boyero y Rubén Palomeque, funcionarios municipales que Héctor Iturrioz, cuando era fiscal general, imputó por supuesta corrupción durante la emergencia climática de 2017.
Iturrioz fue duro contra sus colegas fiscales, con quienes volverá a convivir cuando termine su incursión política y tenga que volver a cumplir su rol para el cual pidió licencia, algo que en realidad no está permitido. Habló de "falta de transparencia" y adujo que "es una estrategia de dudosa legitimidad que se pretenda sacar a los funcionarios. Si vos sacás a los funcionarios después decís que ‘no es un delito de corrupción', entonces le podés aplicar una solución no punitiva, como la suspensión del juicio a prueba". Y agregó que "acá quieren cerrar la causa, no importa cómo, si respetando la ley o no".
El actual ministro de Seguridad de Chubut había tenido la investigación a su cargo, hasta que fue designado por Torres al frente de la cartera que hoy administra. Su apunte contra funcionarios de Comodoro que cumplían roles en la Municipalidad durante el temporal del 2017, conquistó al gobernador quien lo convocó para formar parte de su proyecto político.
Desde el Ministerio Público Fiscal, enviaron una gacetilla escueta en donde confirman que se oficializó en audiencia el pedido de sobreseimiento de funcionarios municipales.
"La Fiscalía de la ciudad de Comodoro Rivadavia luego de un exhaustivo análisis de los elementos de prueba con los que cuenta para llevar a juicio la causa conocida como Emergencia climática I en Comodoro, tomó una compleja decisión: retirar la acusación pública contra algunos imputados y consecuentemente pedir el sobreseimiento de los mismos. Los motivos fueron expuestos en una audiencia celebrada el martes 9 de abril", expresa anunciando una inminente conferencia de prensa para aclarar dudas.
Ante esta solicitud, el tribunal integrado por los jueces Nicosia, Cosmaro y Tedesco se declaró "no competente" en el pedido de los fiscales, "declararon la competencia negativa" y elevan la causa a la Cámara en lo penal local para que ésta decida si es la jueza de la audiencia preliminar o ellos los que deben resolver. La resolución del tribunal se conoció en horas de la tarde del presente viernes, ampliaron en un comunicado vía redes sociales.
Iturrioz denunciará por "mal desempeño" ante el Consejo de la Magistratura a dos fiscales: el Dr. Adrián Cabral, quien retomó el caso cuando él se fue a Provincia; y al fiscal Jefe Marcelo Crettón que apoyó a Cabral en el pedido de sobreseimiento. Justamente Iturrioz apuntó contra ambos pero con animosidad contra Cabral, como si hubiese una cuestión personal. "No me sorprende de Cabral", dijo. Se trata de un fiscal que no tiene antecedentes negativos como para justificar dicha animosidad.
Conferencia de prensa polémica: intromisión política en la justicia y banca a Iturrioz
El secretario de Seguridad necesita que se valore su gestión en un momento en el que su cartera es de las más criticadas de la Provincia, sobre todo por la incontrolable inseguridad en Trelew. Y el gobierno provincial también necesita que así sea.
No se explica de otra manera la conferencia brindada el viernes en Comodoro por parte del vicegobernador Gustavo Menna, la diputada nacional Ana Clara Romero y el diputado provincial Emanuel Fernández, tres actores que no tienen ninguna injerencia en esta causa y que hablaron ante los micrófonos de "accionar inexplicable de los fiscales, que pone en juego si hay sanción a responsables de haber robado a la comunidad de Comodoro" y "de accionar miserable".
Incluso Ana Clara Romero criticó la falta de participación activa del intendente Linares y otros funcionarios en la investigación por no presentarse como querellantes, pero esto fue descartado expresamente en 2023 por los jueces de Cámara en lo Penal: Daniel Pintos, Martín Montenovo y Carina Estefanía ante un pedido del propio Iturrioz. La resolución es clara: "Esa postura procesal de la Municipalidad no puede ser tomada como una actitud desinteresada. No hay elementos que den sustento a las afirmaciones referidas provenientes del titular de la acción pública (...) La víctima (Municipalidad de Comodoro Rivadavia) no fue citada en las oportunidades que el Código Procesal Penal exige".
Durante dicha conferencia de alta intencionalidad política, también se señaló que en el proceso hubo pedidos previos de sobreseimiento que se rechazaron. Si bien es cierto, los anteriores fueron presentados ante los jueces penales que intervinieron en la investigación preliminar. En este caso, es por parte de los fiscales ante los jueces del juicio, es decir, dos instancias distintas.
Hay una razón partidaria muy clara en estas aseveraciones gravísimas que, más allá de que puede generar polémica la decisión de los fiscales, manifiestan una clara intromisión de la política en el Poder Judicial. Si la causa se cae, varios de los funcionarios del gobierno provincial pierden uno de los principales argumentos para criticar a la gestión municipal de aquel entonces, cuyo intendente era Carlos Linares, hoy senador nacional.
Ahora resta esperar la conferencia de prensa de la Fiscalía en donde se explicarán las razones que llevaron a los doctores Cabral y Crettón a tomar una decisión compleja que sabían que tendría consecuencias políticas. Justamente eso es lo que tienen a su favor. El camino más fácil hubiese sido continuar con la imputación iniciada por Iturrioz y que los jueces dictaminen aún fallando en contra de la investigación. Decidieron cumplir con sus funciones y el tiempo dirá si la justicia puede ser realmente un poder independiente de las presiones políticas que tanto necesita la sociedad.