Mendoza prohíbirá los celulares en las cárceles y vuelve el sistema de visitas tradicional

 La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ha puesto fin a una polémica que se prolongó durante meses: los presos mendocinos no podrán seguir utilizando teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios. La decisión, que revierte una medida excepcional adoptada durante la pandemia, busca garantizar la seguridad y el orden en las cárceles.

En 2020, ante las restricciones impuestas por el COVID-19, se permitió el uso de celulares para que los internos pudieran mantener contacto con sus familiares. Sin embargo, con el levantamiento de las medidas sanitarias, la Justicia mendocina consideró que ya no existían los motivos que justificaban esta excepción.

La decisión de la Corte ha generado diversas reacciones. Si bien algunos sectores la celebran por considerar que contribuye a mejorar la seguridad en las cárceles, otros la critican argumentando que el uso de celulares había favorecido la reinserción social de los internos.

Para llevar adelante esta medida, el Servicio Penitenciario Provincial ha diseñado un plan que contempla la retirada gradual de los dispositivos móviles en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia. Se priorizará la extracción de celulares en aquellos casos en los que se haya comprobado su uso para cometer delitos o para organizar actividades ilícitas dentro de las cárceles.

Ante la prohibición, el sistema de visitas tradicionales será restablecido. Sin embargo, se contemplan excepciones para aquellos internos que cuenten con autorización judicial para mantener contacto telefónico con sus abogados o para realizar trámites administrativos. Además, se establecerán mecanismos para garantizar el derecho de los internos a comunicarse con sus familiares, como la posibilidad de realizar llamadas telefónicas desde los establecimientos penitenciarios.

La implementación de esta medida representa un desafío para el sistema penitenciario mendocino, que deberá adaptarse a esta nueva realidad. Se espera que en los próximos meses se puedan observar los resultados de esta decisión y evaluar su impacto en la seguridad de las cárceles.