Argentina

La ONU pidió investigar la represión en la marcha de los jubilados

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por la represión ocurrida durante la protesta de jubilados el pasado 12 de marzo frente al Congreso de la Nación y solicitó una investigación urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad.

Joaquin Saldaña

A través de un comunicado oficial, Jan Jarab, Representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su inquietud por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece internado en grave estado tras ser impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.

"Instamos a las autoridades argentinas a investigar con diligencia los hechos ocurridos en una protesta el 12 de marzo en Buenos Aires. En particular, nos preocupa el estado de salud de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno en su cráneo", señaló Jarab.

La ONU también manifestó su alarma por el uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes, muchos de ellos adultos mayores que reclamaban pacíficamente derechos en materia de jubilación y salud. "La existencia de algunos actos de violencia no justifica el uso de la fuerza contra todos los participantes de una manifestación que ejercen su derecho de reunión pacífica", enfatizó el organismo.

En contraposición a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió el accionar policial y descartó investigar quién disparó contra Grillo, la ONU subrayó que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas.

Además, recordó que el uso de armas como las pistolas lanza gases lacrimógenos debe cumplir con los estándares internacionales, ya que su mal uso podría causar daños graves o incluso resultar letal.

Por último, la ONU advirtió sobre la detención de casi cien personas sin pruebas concretas en su contra y destacó la importancia de la independencia judicial para garantizar los derechos de participación y la legalidad en las detenciones y acciones policiales.

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