La Justicia prohibió al Gobierno recortar programas de violencia de género

Este viernes, la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal emitió una resolución que ordena al Ejecutivo Nacional no desmantelar ni desfinanciar las políticas destinadas a la prevención y asistencia en casos de violencia de género.

La decisión surge de una medida cautelar presentada por diversas organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos y la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Las agrupaciones buscan garantizar la continuidad de los recursos humanos, infraestructura y publicación de estadísticas a cargo de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y los Centros de Acceso a la Justicia.

La Justicia también ordenó que el Ejecutivo especifique cuáles serán los organismos responsables de cumplir con las obligaciones legales en materia de violencia de género. Además, exige que se informe qué programas seguirán vigentes y cómo se dará cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en tratados internacionales.

En respuesta, el gobierno había apelado la medida cautelar y solicitado la habilitación de la feria judicial para avanzar con la reorganización, sin éxito hasta el momento.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó oficialmente la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal, argumentando que "todas las vidas valen igual" y calificando al feminismo como "una distorsión del concepto de igualdad". Estas declaraciones han generado críticas por parte de sectores sociales y organizaciones que ven esta medida como un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.