La Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires inició el sábado el proceso de liberación de los numerosos detenidos durante la represión ocurrida el viernes en los alrededores del Congreso Nacional.
Esta medida se tomó tras la media sanción de la denominada Ley Ómnibus, según lo dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, argumentando la "inexistencia de impedimentos" para esta decisión judicial.
Sin embargo, la liberación de los detenidos no estuvo exenta de controversia. La Fiscalía impuso una serie de "medidas restrictivas" para los liberados, entre las cuales destaca una restricción aparentemente insólita: se les prohíbe acercarse al Congreso Nacional a menos de un kilómetro.
Gravísima violación al estado de derecho: cuando "liberan" a los detenidos de la movilización de ayer, les imponen la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros del Congreso Nacional. Los condenan a no ejercer su derecho de protesta y su libertad de expresión ! pic.twitter.com/uEaDzf83tM
Esta restricción fue denunciada por el abogado Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), quien la calificó como una "gravísima violación al estado de derecho".
Cremonte expresó su indignación en redes sociales, denunciando que la prohibición de acercarse al Congreso Nacional condena a los detenidos a renunciar a su derecho de protesta y libertad de expresión.
Esta medida ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad condicional impuesta a los detenidos en el contexto de manifestaciones y la preservación de los derechos civiles en el país.
