El ministro de transporte de Kicillof fue imputado por lavado de dinero
La Justicia también lo investiga por liderar un sistema ilegal para eliminar multas de tránsito a cambio de comisiones.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, fue imputado en una causa por presunto lavado de dinero vinculado a las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense.
El juez federal Adrián González Charbay, del Juzgado Federal de Zárate-Campana, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, en busca de determinar si favoreció irregularmente a empresas privadas mediante contratos millonarios. Según las acusaciones, dichas licitaciones no habrían cumplido con las normativas establecidas.
De forma paralela, el ministro enfrenta otra causa judicial en La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que lo señala como parte de una red de gestores que ofrecía eliminar multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto adeudado. Este esquema cobraba una comisión del 30%, lo que habría generado pérdidas millonarias para Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas. Según la denuncia, las recaudaciones mensuales de la compañía habrían caído entre 4 y 10 millones de dólares debido a estas prácticas fraudulentas.
En esta maniobra también aparece involucrado Mario Quattrochi, juez de faltas de La Plata, acusado de recibir sobornos para facilitar la eliminación de infracciones. El magistrado enfrenta una investigación en la que se ordenó levantar su secreto bancario y revisar sus bienes registrados.
El escándalo alcanza a otras figuras cercanas a D'Onofrio, como Claudia Pombo, exconcejala de Pilar y pareja del ministro. Según las denuncias, Pombo coordinaba la red de gestores que ofrecían eliminar multas. Tras conocerse las acusaciones, fue desplazada de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, donde fue reemplazada por Juan Pablo Trovatelli.
Entre los empresarios implicados está Sebastián Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., quien habría obtenido contratos directos con concesionarias de la VTV a cambio de un porcentaje adicional del 8,5% más IVA por cada inspección realizada. Según la acusación, la empresa, sin antecedentes en el sector, habría accedido a estos contratos aprovechándose de su relación con el ministerio.