El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya no cuenta con el estatus de refugiado político en Argentina, un beneficio que le fue otorgado por el gobierno de Alberto Fernández en 2019 tras su salida del poder en Bolivia.
Adorni informó la decisión con un breve mensaje: "Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma. Fin". Su anuncio coincidió con la sorpresiva ausencia de su habitual conferencia de prensa sin dar explicaciones.
Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma.
Morales había llegado a Argentina tras su renuncia como presidente de Bolivia en noviembre de 2019, en medio de una crisis política luego de las elecciones de octubre de ese año, denunciadas por fraude. En ese contexto, Fernández le ofreció refugio para que pudiera estar junto a su familia.
Sin embargo, la actual administración de La Libertad Avanza decidió poner fin a este estatus, argumentando que Morales no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nº 26.465 de refugio. El Ministerio de Justicia ratificó la medida, señalando que Morales usó el refugio "como una herramienta política" y que su regreso activo a la política boliviana demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria.
El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, emitió un comunicado en el que sostiene que Morales fue recibido con "privilegios injustificados" a pesar de las acusaciones de corrupción y fraude electoral en su contra. Según el gobierno actual, el estatus de refugiado no debe ser utilizado para proteger a personas con historial de abusos contra la democracia.
Además, el gobierno argentino asegura que Morales retomó su liderazgo político en Bolivia y que el país es gobernado por un miembro de su partido, lo que refuerza la idea de que ya no necesita protección humanitaria.
Actualmente, Morales se encuentra en Bolivia, donde encabeza una movilización para ser habilitado como candidato en las elecciones de 2025, a pesar de que la constitución del país lo prohíbe. La marcha, organizada por miles de sus seguidores, busca presionar al Tribunal Electoral para que reconozca la candidatura de Morales, mientras el actual presidente, Luis Arce, enfrenta críticas por la situación económica.
