El Gobierno presentó una medida cautelar para garantizar el transporte gratuito a personas con discapacidad

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), presentó una medida cautelar para asegurar el acceso gratuito al transporte de media y larga distancia para personas con discapacidad. 

La desregulación del transporte, establecida a través del Decreto 883/23, introdujo cambios importantes en la operatividad del sector, permitiendo a las empresas definir libremente rutas, tarifas y condiciones de servicio. Sin embargo, según denuncias recibidas, algunas compañías interpretaron esta flexibilización como una eliminación de la obligación de ofrecer pasajes gratuitos a las personas con certificado de discapacidad. Ante esta situación, la CNRT intensificó las sanciones, multando e intimando a más de 44 empresas que incumplieron con la ley.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, destacó que la desregulación no exime a las empresas de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad. A pesar de que la nueva normativa permite a las compañías ajustar su oferta, Mogetta señaló que el Gobierno seguirá con controles estrictos para garantizar el respeto a los derechos de los pasajeros con discapacidad.

Por su parte, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) expresó su preocupación por la carga económica que supone la gratuidad de los pasajes sin el respaldo de subsidios estatales. Los representantes del sector argumentan que las nuevas condiciones generan una competencia desigual, favoreciendo a los operadores que ingresan al mercado bajo la normativa actual sin asumir las mismas obligaciones. CELADI solicitó una reglamentación que garantice condiciones equitativas para todas las empresas.

En tanto, la Secretaría de Transporte considera que la medida cautelar busca reafirmar los derechos adquiridos y prevenir abusos por parte de las empresas. La acción legal solicita que la Justicia ordene a las compañías a cumplir con sus obligaciones, mientras el Gobierno se compromete a continuar aplicando sanciones a quienes no respeten el acceso gratuito al transporte para personas con discapacidad.