El Gobierno modificó una normativa para abaratar productos importados

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció cambios en las normativas antidumping con el objetivo de reducir precios para los consumidores y abaratar insumos para la industria. 

Según explicó Caputo en su cuenta de X, los derechos antidumping, que inicialmente buscan evitar la competencia desleal, a menudo se convierten en barreras que encarecen productos importados. "Estas medidas funcionan en muchos casos como un derecho adquirido, lo que evita la competencia y encarece productos para los consumidores e insumos para la industria", afirmó.

El decreto establece una reducción en los plazos de duración de las medidas antidumping. Ahora tendrán una vigencia de 3 años, con una única renovación de hasta 2 años. Antes, estas disposiciones podían extenderse por 5 años con renovaciones ilimitadas.

Entre los ejemplos mencionados por Caputo están las bicicletas, protegidas por estas medidas desde hace más de 20 años, y productos como planchas eléctricas y calefactores, cuyos precios son notablemente superiores a los de otros países. "Productos como planchas eléctricas y calefactores que tienen precios mucho más altos que en otros países: las planchas cuestan más de $100.000, mientras que en Europa valen menos de la mitad; los calefactores superan los $30.000, mientras que en Brasil rondan los $27.000", detalló.

Además, las investigaciones previas a la aplicación de medidas antidumping tendrán un plazo máximo de 8 meses, en lugar de los 12 meses que se permitían anteriormente. También se simplificarán los trámites, centralizando su gestión en la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE). Esta reforma busca agilizar la interacción entre el Estado y los administrados, optimizar la capacidad técnica de los organismos intervinientes y fomentar un comercio más transparente.

Cambios clave en la aplicación de los derechos antidumping

• Plazos más cortos: Las medidas tendrán una vigencia de 3 años, renovables por 2 años más.
• Investigaciones más ágiles: El análisis previo será realizado en un máximo de 8 meses.
• Gestión centralizada: Toda la documentación se tramitará en la CNCE, eliminando pasos burocráticos innecesarios.
• Participación ampliada: La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor colaborarán en los análisis para priorizar el interés público.
  
  

Según el decreto, el Ministerio de Economía será la principal autoridad en la aplicación de estas medidas, y delegará funciones clave a la Secretaría de Industria y Comercio, así como a la CNCE. Este último organismo evaluará si existe dumping y si este genera un impacto negativo en la producción nacional.