El Gobierno derogó el decreto de Alberto Fernández que obligaba al Estado a contratar a Nación Seguros
Este decreto obligaba al Estado a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., lo que derivó en una investigación por presunta corrupción.
El Gobierno anuló este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, que había sido implementado durante la gestión de Alberto Fernández.
El decreto de Alberto Fernández, emitido en diciembre de 2021, establecía que todas las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional debían contratar sus pólizas de seguros a través de Nación Seguros. Esta disposición se encuentra ahora en el centro de una investigación judicial que indaga en posibles casos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
La reciente decisión del Gobierno de Milei, formalizada mediante el decreto 747/24, no solo elimina la obligación de contratar seguros con Nación Seguros, sino que también pone fin a otras disposiciones que beneficiaban a empresas estatales. Entre estas, se encontraba la obligación de que los sueldos de los empleados públicos fueran pagados exclusivamente por el Banco Nación, que los viajes de funcionarios se realizaran únicamente con Aerolíneas Argentinas y que el combustible de los vehículos oficiales se comprara solo en estaciones de YPF.
El nuevo decreto, que cuenta con la firma del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece que las entidades del Sector Público Nacional deben rescindir, en un plazo de un año, todos los contratos que otorguen ventajas o preferencias indebidas.
La investigación que involucra al expresidente Alberto Fernández se inició a partir de una auditoría realizada por el actual gobierno en la ANSES. La auditoría reveló que la contratación de seguros a través del Banco Nación se realizaba con la intermediación de brokers, lo que generó sospechas sobre la necesidad y legalidad de estos intermediarios, que cobraban altas comisiones.
El juez Julián Ercolini, encargado del caso, está investigando por qué, a pesar de la obligación de contratar con Nación Seguros, se recurrió a intermediarios privados, así como la razón por la que la aseguradora estatal tercerizaba los servicios a otras empresas.
Además, la investigación también abarca las relaciones de María Cantero, exsecretaria presidencial, y su esposo Héctor Martínez Sosa, quienes habrían utilizado sus vínculos con la Casa Rosada para facilitar contratos millonarios. Chats recuperados del teléfono de Cantero revelan que su esposo visitó varias veces la Quinta de Olivos y se reunió con Alberto Fernández, aunque estas visitas no fueron registradas oficialmente.