El ajuste que pone en peligro el futuro tecnológico de Argentina

La publicación de la Resolución 10/2025 en el Boletín Oficial desató una polémica en el ámbito científico. El documento establece la revisión y posible eliminación de programas y convenios vinculados al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de "reorganizar prioridades" en un contexto de crisis económica.

La decisión fue repudiada por entidades como la Mesa Federal por la Ciencia y Tecnología y la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT). Desde estas organizaciones denunciaron que la medida profundiza el ajuste en el sector y afecta directamente al desarrollo científico y tecnológico del país.

Según expertos, la medida podría impactar en cientos de programas y convenios fundamentales, entre ellos:

• Raíces: dedicado a la repatriación de científicos y vinculación con investigadores en el extranjero.
• Construir Ciencia y Equipar Ciencia: enfocados en infraestructura y modernización de laboratorios.
• PoblAr: estudios genéticos y alimenticios de la población argentina.
• Pampa Azul: investigación oceánica para políticas nacionales.
• PATEP: innovación tecnológica para cooperativas populares.

La eliminación de estos programas afectaría la continuidad de investigaciones estratégicas y comprometería avances científicos esenciales.

Desde la Mesa Federal, emitieron un comunicado donde señalan que el "cientificidio no se toma vacaciones". Advirtieron que esta medida legitima el ajuste que sufre el sistema desde hace años y subrayaron que impactará gravemente en las áreas de medio ambiente, cambio climático y ciencias sociales.

Por su parte, Daniel Gollan, diputado nacional, expresó su preocupación por el impacto de esta resolución en la soberanía nacional. "Estas decisiones no solo desfinancian la ciencia, sino que generan un retroceso histórico para el desarrollo del país", afirmó.

La resolución habilita a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a dar de baja convenios que no presenten avances significativos o que no se ajusten a las "prioridades del Plan Estratégico 2024-2025". Además, se plantea la posibilidad de rescindir fondos ya asignados y renegociar convenios vigentes.

Desde el Gobierno argumentan que estas acciones buscan "eliminar gastos innecesarios" en el marco de la crisis económica. Sin embargo, los sectores afectados alertan sobre las consecuencias a largo plazo, que incluyen la fuga de cerebros, la paralización de investigaciones y la dependencia tecnológica.

Con más de 15 años de trayectoria, los programas afectados permitieron avances clave en diversas áreas y posicionaron al país en el ámbito científico internacional. Su eliminación podría desarticular proyectos estratégicos, reducir la inversión en tecnología y limitar las oportunidades para jóvenes científicos.