Medida drástica: ¿exigen ADN para identificar a perros que ensucian las calles?

En un intento por abordar el  problema de los excrementos de perros en las calles de la provincia de Bolzano, Italia, las autoridades se decidieron por una medida sin precedentes: pruebas de ADN para identificar a los infractores peludos y sancionar a sus dueños. La nueva ley permite a la policía acceder a una base de datos con resultados de ADN canino para imponer multas de 50 a 500 euros a aquellos responsables de ensuciar la vía pública.

Aquellas personas que se nieguen a realizar las pruebas de ADN enfrentarán multas aún más elevadas, oscilando entre 292 y 1.048 euros. Con esta peculiar iniciativa, se busca acelerar el proceso de identificación y castigo de los dueños de mascotas irresponsables.

Al principio, se estableció una fecha límite para las pruebas de ADN hasta el 31 de diciembre de 2023, pero solo se registraron alrededor de 5.000 animales, una cifra  baja considerando la población canina local de aproximadamente 40.000 perros.

La medida tiene como objetivo abordar las quejas de ciudadanos sobre la gestión inadecuada de áreas públicas, siendo los excrementos de perros responsables de más del 50% de estos problemas. La nueva ley pretende ayudar a la policía a identificar a los dueños irresponsables que anteriormente no recibían un castigo adecuado.

El registro mediante pruebas de ADN será obligatorio a partir de finales de marzo. Los dueños deberán someter a sus perros a análisis de sangre en refugios caninos municipales o clínicas veterinarias privadas, con un costo estimado entre 65 y poco más de 100 euros.

Además de combatir la suciedad en las calles, buscan que esta medida puede ayudar a identificar a perros que atacan a otros animales o personas, así como informar sobre accidentes de tráfico que involucren a mascotas.

Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de polémicas. Mientras algunas zonas del país han mostrado interés en adoptar esta medida, los dueños de mascotas han expresado su descontento. El costo de las pruebas, que recae en los propietarios y no en el Gobierno, ha generado controversia. Es importante señalar que la ley excluye a los perros de los turistas que visiten la región.

Varias asociaciones protectoras de animales manifestaron su desacuerdo con la iniciativa. Filippo Maturi, presidente de Assopets, una organización que defiende los derechos de los dueños de mascotas, considera que la ley es injusta y no aborda eficazmente el problema, sino que añade el inconveniente del alto costo de gestión que el Gobierno deberá asumir con información de c26.