Proponen adhesión a la reforma de 2017 de la Ley de Riesgos de Trabajo: "Limita derechos de los trabajadores y beneficia a las ART"
El proyecto de adhesión a la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo busca que los conflictos laborales pasen exclusivamente por comisiones médicas, cercenando el acceso directo a la justicia. Gremios y expertos advierten sobre las consecuencias para los trabajadores, empleadores y el sistema de salud pública.
Luis Núñez, referente gremial, cuestionó duramente en ABCradio el proyecto que busca adherir a la reforma de 2017 de la Ley Nacional de Riesgos de Trabajo, calificándolo como una medida que "limita derechos constitucionales y beneficia exclusivamente a las aseguradoras".
La propuesta establece que los trabajadores con conflictos derivados de accidentes laborales o enfermedades profesionales deben recurrir primero a las comisiones médicas, restringiendo su acceso directo a la justicia. Núñez alertó que esto implica una inconstitucionalidad al "impedir que los jueces laborales tomen decisiones basadas en peritajes y evaluaciones propias".
Según el dirigente, esta medida generará un doble perjuicio: por un lado, los trabajadores deberán esperar sentencias judiciales durante más de un año para acceder a las prestaciones necesarias si no aceptan las resoluciones de las ART; y, por otro, los empleadores y el sistema de salud pública cargarán con los costos de las altas médicas prematuras. "Esto provoca que los trabajadores sean derivados a obras sociales o directamente al sistema público, afectando sus derechos y generando sobrecostos", señaló.
Núñez también destacó que el proyecto no contempla mecanismos para fomentar la prevención de accidentes ni refuerza las responsabilidades en seguridad e higiene laboral, pilares fundamentales de la ley original. "En vez de proteger la salud de los trabajadores, esta reforma favorece la maximización de ganancias de las ART", subrayó.
La iniciativa será debatida próximamente en la legislatura provincial, pero gremios y organizaciones ya expresaron su rechazo. "Nuestro planteo es claro: ¿a quién beneficia este proyecto? No a los trabajadores ni a los empleadores, y mucho menos al sistema público", concluyó Núñez.