La Legislatura, otra vez en la antesala de una fuerte discusión entre la austeridad y la creación de nuevos cargos

El vicegobernador Gustavo Menna enfrenta un escenario complejo. La expectativa de una gestión basada en la austeridad contrasta con decisiones que podrían derivar en un incremento de la planta legislativa. Así trascendió entre fuentes legislativas, quienes expresaron su malestar ante la posibilidad de nuevos ingresos.

Desde su asunción, Menna anunció concursos para regularizar la situación de los trabajadores, con la promesa de que estarían listos para abril. Sin embargo, hasta el momento, no hubo avances concretos. En lugar de concursos, se otorgaron subrogancias y se teme que, amparados en el artículo 14 del convenio colectivo, se acomoden funcionarios afines sin respetar los procesos de selección.

La modificación del nomenclador se está trabajando en la comisión paritaria, integrada por el gremio APEL, la jefatura de personal y legisladores, entre ellos Daniel Hollmann. Esta es una de las principales preocupaciones dentro de la Casa de las Leyes provincial, ya que habilitaría la creación de nuevos cargos y la incorporación de personal. Todo esto ocurre en un contexto donde muchos empleados expresan su disconformidad con la administración y exigen mayor transparencia en los procesos.

A esto se suma un antecedente que sigue generando interrogantes. Se desconoce el destino de la investigación que inició Menna contra el titular de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), Ángel Sierra, por un escándalo vinculado a recategorizaciones irregulares en 2023. En diciembre de ese año, la directora general del Registro de la Provincia, Maricel Andrea Castillo, remitió una nota al vicegobernador solicitando aclaraciones sobre un documento con membrete de la Legislatura y firmado por Sierra, en el que se pedía la publicación en el Boletín Oficial de una resolución paritaria que recategorizaba a 55 empleados, muchos "familiares y amigos".

La nota ingresada al Registro carecía de firma legible y sello que identificara al firmante, lo que generó un escándalo institucional. Castillo señaló que no se había cumplido con la normativa que exige que este tipo de solicitudes sean enviadas por el entonces secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo. Pese a la gravedad del hecho, no se tomaron medidas judiciales al respecto.

Con este telón de fondo, el panorama político en la Legislatura está lejos de calmarse. La falta de definiciones sobre los concursos y el inminente tratamiento del nomenclador generan incertidumbre sobre cuál será finalmente el rumbo que tomará Menna: si primará la austeridad o si se consolidará una estructura legislativa con nuevos cargos que podrían beneficiar a sectores afines, como ocurrió en períodos anteriores, como fue el caso de la vice gobernación de Ricardo Sastre.