Tras las condenas, el fiscal Olazábal explicó las responsabilidades en la causa emergencia climática

El fiscal Cristian Olazábal se refirió a los avances en la causa judicial por la emergencia climática, destacando los logros y las dificultades enfrentadas durante el proceso. En una conversación con ABC Radio, Olazábal expresó: "Fue un trabajo complejo, difícil, pero con resultados sumamente satisfactorios".

El funcionario judicial explicó los detalles del caso, señalando: "Nosotros planteamos la responsabilidad penal de los tres acusados y el tribunal, luego de deliberar, entendió que la imputación construida sobre Gonzalo Pérez y Julián Astiz no tenía la precisión que se requería para esta instancia porque no se encontraba descrita cuál era la conducta defraudatoria que ellos realizaron. Astiz estaba imputado por una empresa y el tribunal consideró que solo se trataba de un apoderado y no de un socio gerente".

" Y respecto de Gonzalo Pérez como socio gerente, toda la documentación que originó el pago de esas horas máquina que no se realizaron había sido firmada por su hermano Cristian Pérez y por eso la condena para él y el sobreseimiento para Gonzalo Pérez. Hubo un defecto en la acusación que se replicó en la apertura de juicio y en ese sentido es que ellos son desvinculados del proceso", añadiò.

El fiscal también comentó sobre la situación de uno de los funcionarios municipales involucrados: "Para uno de los funcionarios municipales, la prueba no logró demostrar que se haya designado formalmente como supervisor desde infraestructura y, si bien todo indicaba que estuvo presente, no había ninguna designación formal, ningún contrato de locación de obra o alguna vinculación jurídica".

En relación a las irregularidades detectadas, Olazábal añadió: "Hubo 30 casos en que el tribunal consideró que tuvieron trabajos que no se realizaron o bien que se sobrefacturaron horas de trabajo. La máquina trabajaba 8 horas diarias y, sin embargo, se facturaban 12 horas a la municipalidad. En otros casos, personas que no manejaban la maquinaria vial, por ejemplo, había una persona que manejaba tres máquinas distintas en el mismo horario y en el mismo lugar".

Respecto a las condenas solicitadas por la fiscalía, el fiscal explicó: "Las penas van de dos a seis años de prisión y las de la acusación pública van de 4 años y medio hasta el máximo, que son seis. Lo que tenemos que llevar ahora adelante es el debate sobre la pena, o sea, un juicio de cesura". Añadió además: "También influye en la determinación de la pena la edad del acusado, sus condiciones personales y socioambientales, pero nos vamos a mantener siempre de un piso de 4 años para arriba". Esto significa que las penas son de cumplimiento efectivo.

Olazábal subrayó la importancia de la certificación en el territorio: "En el territorio se tenía que certificar quién trabajó, quién manejó y qué tipo de trabajo se realizó. El aporte de ellos era indispensable porque a partir de allí comenzaba toda la máquina defraudatoria".

Finalmente, el fiscal informó sobre el próximo paso en el proceso: "La audiencia de cesura será el 29 de julio a las 9 horas, estaremos sentados con las nuevas partes para dar inicio al juicio de cesura". Concluyó con un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios: "Esto es el mensaje porque los funcionarios tenemos que hacer las cosas correctamente y se deberían hacer bien siempre. Está claro que si se hacen mal las cosas, la intención de ser honestos puede llevar a errores, pero esas no fueron errores. Si se hacen las cosas con intención de defraudar a la sociedad, estas son las consecuencias".

Las declaraciones del fiscal Cristian Olazábal reflejan la complejidad del proceso judicial y la importancia de la integridad en el manejo de los recursos públicos, resaltando el compromiso de la justicia en garantizar la transparencia y la responsabilidad en la administración pública.

En tanto este lunes en la mañana, el juez Mariano Nicosia anunció hoy el veredicto en el caso de emergencia climática. Los empresarios Gonzalo Pérez y Julián Astiz absueltos, mientras que Rubén Palomeque ex Secretario de servicios a la comunidad, Abel Boyero y Roberto Monasterolo (empresario) fueron declarados responsables penalmente por fraude a la administración pública.

En una decisión esperada, el tribunal dictaminó que los empresarios Gonzalo Pérez y Julián Astiz son absueltos de responsabilidad penal en el caso relacionado con la emergencia climática. Por otro lado, Rubén Palomeque, ex funcionario municipal, Roberto Monasterolo (empresario), Abel Boyero y los trabajadores municipales Rubén Sartori, Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden fueron declarados penalmente responsables por fraude a la administración pública. En contraste, Ernesto Herk fue absuelto de los cargos.