El director de la ODG explicó el motivo de su renuncia: "No hay respuestas y no quiero ser cómplice de la inacción"

En conferencia de prensa, explicó los motivos de su decisión y cuestionó la falta de compromiso político para fortalecer el sistema de protección de derechos. "A la fecha no tenemos noticias de que el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia se haya reunido ni que haya iniciado el proceso de concurso. Es importante aclarar que a esta oficina se ingresa por concurso público y antecedentes, no por decisión política. Nos costó mucho ingresar y ganamos el concurso de manera legítima", expresó Oyarzo.

El funcionario saliente remarcó que su renuncia está motivada por la "inacción política y la convicción ética de no ser cómplice de las falencias estructurales del sistema de protección integral de derechos".

Críticas a la falta de inversión y gestión

Según Oyarzo, el sistema de protección de derechos requiere una decisión política estructural para su fortalecimiento. "Si no hay una inversión real en la protección de la niñez, adolescencia y familia, el trabajo de esta oficina pierde sentido. Hemos trabajado desde noviembre de 2022 con todos los actores del sistema, pero sin respaldo político, no alcanza", advirtió. Además, señaló que la Oficina de Derechos y Garantías tiene como función ser un órgano de control de las políticas públicas en la materia. "No podemos seguir en un lugar donde las decisiones fundamentales no se toman", señaló.

Preocupación por el futuro de la oficina

Oyarzo manifestó su preocupación por el futuro del área, ya que al momento de su renuncia no se había convocado a un nuevo concurso ni designado una dirección transitoria. "Lo que va a suceder es que la oficina va a quedar acéfala, lo cual es grave", advirtió. El equipo de gestión que también presentó su renuncia estaba conformado por la licenciada Valeria Velázquez en asesoría social, la doctora María Claros en asesoría legal . "Fue una decisión difícil, pero necesaria. No queremos ser parte del desfinanciamiento estructural del sistema de protección de derechos. Es una cuestión de principios", concluyó Oyarzo.