Causa Emergencia Comodoro: HOJA DE RUTA

"Con lo que tenemos no nos alcanza para acusar a los funcionarios" es lo que traducido a un lenguaje coloquial dijeron la semana pasada los fiscales Marcelo Cretton y Adrián Cabral en la audiencia previa a la apertura formal del debate de la causa 97718 denominada Emergencia Climática Comodoro Rivadavia, investigación que busca eventualmente condenar a funcionarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y a proveedores del estado municipal, que el ministerio público fiscal sospecha que sobrefacturaron en concepto de horas máquina facturadas e hipotéticamente no prestadas para la remediación y saneamiento de la infraestructura pública destruida por el temporal de lluvia que azotó a esa ciudad en el año 2017.

¿Por qué ahora, a escasos días de dar formalmente comienzo el tan esperado juicio, los fiscales Cretton y Cabral irrumpen con este planteo de pretender el sobreseimiento de los funcionarios municipales y continuar con la acusación contra los empresarios solicitando modificar la plataforma fáctica del caso dentro del artículo 172 de Código Penal tipificado como estafa y abandonando la figura de administración fraudulenta que solo puede serle imputada a funcionarios públicos?

La respuesta es porque no fueron ellos los que originalmente iniciaron la investigación fiscal y acusaron a los funcionarios, municipales y empresarios involucrados en el caso, sino que el fiscal original del caso fue el ahora ministro de seguridad, Héctor Iturrioz, quien a partir del 10 de diciembre del año pasado tomó licencia en su cargo de fiscal general para desempeñarse como funcionario del Poder Ejecutivo provincial en condición de ministro de seguridad.

Iturrioz fue el investigador original de dicha causa pero como a finales del año pasado dejó transitoriamente su cargo como fiscal (sin renunciar al Poder Judicial) para ocupar el cargo de ministro de seguridad, la causa fue tomada por el fiscal Adrián Cabral bajo la supervisión del fiscal jefe Marcelo Cretton.

El pedido de sobreseer a los funcionarios municipales que ahora efectúan Cabral y Cretton está fundamentado en cuestiones de orden técnico que a criterio de los fiscales les impiden llegar al juicio con pruebas sólidas que les permitan, con un mínimo grado de certeza, afrontar el juicio con expectativas de condenas para los funcionarios municipales. En un lenguaje llano, lo que dicen Cretton y Cabral es que de no hacerse lugar a lo solicitado, enfrentarán un debate en inferioridad de condiciones probatorias dado que al momento de formular la acusación, su ex colega Iturrioz prefirió no incorporar pruebas documentales tales como una pericia contable por los casi 900 mil dólares facturados durante aquella emergencia del 2017 y pericias caligráficas para determinar la veracidad de las firmas estampadas en los memos, partes diarios de control y órdenes de trabajo confeccionados en torno a aquella emergencia.

Diferencias de enfoque entre un fiscal -Iturrioz- que dejó el caso para asumir como ministro de seguridad y dos fiscales que tomaron la posta -Cretton y Cabral- y que miran el expediente de otra manera a pesar de que rige para todos los funcionarios fiscales el denominado principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

Lo pretendido por los fiscales Crettón y Cabral no encontró eco en el tribunal del juicio de Comodoro Rivadavia por extemporáneo, curiosidad si se quiere atento, a que en otros casos, similares pedidos fueron atendidos. De esta manera los jueces ordenaron el pasado 18 de abril que finalmente se inicie el juicio bajo las condiciones admitidas en noviembre del año 2023, fecha en la que se dictó el auto de apertura de juicio con relación a los funcionarios municipales involucrados al momento de los hechos en 2017 y a los empresarios acusados de haber facturado trabajos aparentemente no realizados. Es decir, todos los imputados en noviembre, funcionarios municipales y empresarios, deberán ir a juicio.

Además el tribunal de juicio ordenó al procurador general Jorge Miquelarena que designe a un nuevo fiscal, ya no Cabral ni Crettón, para que represente la acción penal del ministerio público fiscal, El nuevo fiscal, el cuarto que intervendrá en este caso, que deberá hacerse cargo de la acusación en el juicio es Cristian Olazabal, un joven funcionario que aún no cumplió su tercer año en esa función. Un fiscal designado el viernes 19 de abril, sin antecedentes en la causa, que deberá afrontar el juicio a partir de este mismo lunes 22.

Por su parte el ahora ministro Iturrioz denunció ante el Consejo de la Magistratura a sus ex compañeros de trabajo Crettón y Cabral por mal desempeño de funciones.

Se abren ahora dos interrogantes que deberían ser de orden estrictamente judicial pero que también están impregnados de suspicacias políticas: 1)- ¿Tendrá éxito el nuevo fiscal Cristian Olazábal en su misión de obtener condenas para los funcionarios municipales y empresarios involucrados en este caso de corrupción? 2)- ¿Qué suerte correrán las denuncias del ahora ministro Iturrioz ante el Consejo de la Magistratura contra sus ex colegas Cretton y Cabral?