Procesaron al militar que incitó a romper la cuarentena

El militar retirado Alberto Aquilino Ortega, que difundió un video llamando a sus “camaradas” a levantarse contra el Gobierno por las primeras medidas sobre la cuarentena, quedó procesado por incitación a la violencia colectiva.

Las amenazas de Ortega fueron emitidas en un video que se viralizó por las redes sociales. Instó a sus camaradas a salir a las calles y rebelarse contra lo que calificó como un gobierno “estatista, totalitario, comunista, maoísta, subversivo, hijo de….”, por haber impuesto la cuarentena para contener la pandemia de coronavirus.

El procesamiento fue dictado el 30 de abril pasado en plena feria judicial extraordinaria por el juez federal de Rosario Carlos Vera Ramos y trascendió en las últimas horas.

Aquilino Ortega había sido denunciado por el Ejército Argentino a raíz de sus declaraciones. Cuando fue citado a indagatoria se negó a declarar. En el video, el mismo militar tildó de “miserable” al presidente Alberto Fernández y llamó a liberarse del “régimen comunista, maoísta y subversivo”.

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El militar Alberto Aquilino Ortega fue procesado por sus dichos contra el gobierno y la cuarentena

Los fiscales del caso lo imputaron por incitación a la violencia y advirtieron que sus dichos “ deben ser valorados en el marco de la situación de emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, en un escenario en el cual las autoridades competentes están adoptando todas las medidas necesarias para impedir la propagación del virus”.

Quedó procesado por el artículo 212 del Código Penal que dice que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupo de personas, instituciones, por la sola incitación”.

La resolución indica también que “las expresiones vertidas por el imputado (el militar que habló contra el gobierno) y analizadas en su conjunto permiten inferir que desde un punto de vista volitivo, la conducta de Ortega podría haber tenido por objeto lograr un estímulo dirigido a generar la reacción frente a dirigentes políticos electos popularmente, en un sentido que de los mismos términos de tales dichos surge que escapa a las formas propias del estado de derecho y el sistema democrático”.

Por último, Vera Barros expresó que “la presunta actividad ilícita desplegada” fue “llevada a cabo en el marco de la situación de pandemia mundial generada a partir de la propagación del virus covid-19 que afecta a nuestro país que se encuentran inmerso en un contexto de aislamiento social general”. Para el magistrado, esa circunstancia “importa considerar la necesidad de ultimar la observancia del régimen legal y su protección frente a toda actividad con aptitud suficiente para poner en riesgo la tranquilidad pública como bien jurídico que la misma norma del artículo 212 del Código Penal tutela”.