Lacalle Pou quiere estado más chico y código penal más duro

Con la pandemia relativamente controlada y los contagios estabilizados en Uruguay, la coalición de gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou lanzó una ofensiva política para aprobar su Ley de Urgente Consideración (LUC), un controvertido proyecto destinado a reformar y transformar el Estado, pero también a endurecer el código penal para combatir la inseguridad que tanto preocupa a la población.

Por encima de su contenido, cuestionado por algunos sectores del Frente Amplio, la iniciativa esconde una trampa para los opositores. Debe tratarse dentro de un plazo de tres meses: el Senado tiene 45 días para debatirlo, Diputados 30 días más y se reservan 15 días por si hay modificaciones y debe retornar a la Cámara alta. Vencido este plazo, queda aprobada automáticamente.

De esta manera obliga al Congreso a una maratón de sesiones presenciales, ya que el Parlamento uruguayo no contempla otros recursos como sesiones virtuales. La oposición, arrinconada, está buscando un escape aduciendo el peligro del coronavirus.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) es una ley de contenido múltiple que engloba temas económicos, sociales, educativos y legales, entre otros. Lacalle Pou no es el primero en usar este recurso. Ya lo hicieron la mayoría de los gobiernos anteriores, incluyendo el Frente Amplio, aunque el líder del Partido Nacional le dio su toque “neoliberal”, como le gusta decir a los sectores de izquierda.

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Luis Lacalle Pou promovió un ambicioso proyecto de reducción del tamaño del Estado en Uruguay

Lacalle Pou argumenta que la pandemia de Covid-19 no puede demorar la sanción de esta ley, que incluye 502 artículos, porque el país enfrenta situaciones críticas en cuanto a seguridad y desequilibrio fiscal.

La estricta regla fiscal que busca bajar el gasto del Estado comprende una disminución de funcionarios del Estado y cambia el funcionamiento de las empresas estatales de electricidad, agua, combustibles y telecomunicaciones.

El documento va también contra ANCAP, la empresa estatal de petróleo uruguaya que se vio envuelta en un escándalo de corrupción vinculado al exvicepresidente Raúl Sendic. Plantea la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación del crudo y derivados establecidos a favor del Estado y gestionados por la compañía. De esta manera, abre la puerta a los privados en un rubro jugoso.

Lo cierto es que la jugada de Lacalle Pou, en medio de la crisis sanitaria, le deja muy poco margen de maniobra a la oposición. Para colmo, y al igual que en muchos países de Latinoamérica, la sociedad sigue dividida entre quienes respaldan al nuevo mandatario y quienes lo rechazan. Una polarización que sin duda marcará el tratamiento de la Ley de Urgente Consideración, cuyos plazos ya comenzaron a correr.