El padre Grassi pidió salir de la cárcel por el coronavirus

El padre Julio César Grassi (63), condenado a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, también pretende gozar de la prisión domiciliaria con la excusa del coronavirus.

El pederasta, que sigue siendo cura, está preso hace 6 años en la cárcel de Campana. A la condena por abuso sexual sumó otra a dos años por malversación de fondos de la fundación “Felices Los Niños”. Todavía le quedan 11 años de prisión. Y se encamina hacia un tercer juicio oral por desviar donaciones que eran para la fundación hacia la cárcel, a cambio de beneficios.

Pero Grassi pretende volver a su casa como sea. Por eso, luego del fallo de la Cámara de Casación Penal bonaerense que habilitó las prisiones domiciliarias con el pretexto del coronavirus, el cura presentó un pedido de morigeración al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón, según confirmó a Clarín el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa por abuso sexual contra el sacerdote.

La defensa de Grassi fundamentó el pedido en una supuesta afección respiratoria y el caso positivo de coronavirus de un guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria N° 21 de Campana, donde está preso el cura. Todavía no recibió una respuesta.

En diálogo con Clarín, Gallego advirtió que existe una irregularidad en el control del cumplimiento de la pena a Grassi. “Está condenado con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En consecuencia, el control de su prisión, excarcelamiento o cualquier modificación debería depender de uno de los dos juzgados de Ejecución Penal de Morón”, dijo el abogado.

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El padre Grassi pidió prisión domiciliaria por miedo a contagiarse de coronavrus

Gallego dijo que Grassi “siempre tuvo una habilidad muy grande de sustraerse de los controles” y se remontó a la época en la que pertenecía a la orden de Los Salesianos, una congregación de la Iglesia Católica. “Tuvo un problema que después se supo que tuvo que ver con un abuso, entonces renunció”, dijo Gallego.

Para Gallego, la situación de que el TOC N° 1 sea el que esté a cargo de controlar el cumplimiento de la pena de Grassi es “insólita” ya que “si se le aprobara el pedido, lo obtendría por fuera del sistema lógico legal”.

“No hay ningún motivo para que Grassi se sustraiga actualmente del control de los juzgados de ejecución penal de Morón porque de otro modo el Estado no tiene el debido control sobre el cumplimiento de una pena de un condenado con sentencia firme”, dijo Gallego.